Más de 6.000 afectados perdieron las esperanzas de tener un carro nuevo

La Venezolana fue un concesionario creado en marzo 2013, con un capital de 300.000 bolívares. Su primera sede fue un apartamento en el piso 5 del edificio Motatán de La Rosaleda en San Antonio de los Altos y a los pocos meses inauguraron un gigantesco local en el kilómetro 9 de la carretera Panamericana.

Los primeros socios, quienes cabe destacar no aportaron efectivo sino un inventario de bienes, eran José Ramón Briceño y Yesnel Néstor Aceituno, jugador de básquet en Panteras de Miranda. Nueve meses después, el basquetbolista vendió el 75% de las acciones a Jhon Wilmer Quiroz y a la abogada Angelis Gibelli Quiroz, según un documento encontrado en el registro principal del Área Metropolitana.

Más de 6.000 personas, entre civiles y militares, se mostraron desesperados por comprar un vehículo, tomando en cuenta la crisis económicas del país, e hicieron hasta ocho horas de cola para optar por las marcas Zotye, Brilliance y Kawei. Incluso, a finales de marzo de 2014, se realizó una exposición en las instalaciones de Fuerte Tiuna.

Si la oferta comercial de Concesionario La Venezolana varió en pocas semanas, también ocurrió algo similar en el registro de la compañía, pues dos meses después de su fundación pasó de los 300.000 bolívares originales a 2 millones, que entraron junto a un nuevo socio: el abogado Ronald Edison Mayz Rangel, quien anteriormente se desempeñó como secretario del Tribunal Penal Tercero de Control del estado Sucre.

La participación de Mayz Rangel en el negocio de La Venezolana sólo duró una semana. El 6 de mayo fue designado como presidente y siete días después salió de la sociedad, de eso quedó constancia en el Registro Mercantil Tercero del Área Metropolitana de Caracas y el Estado Miranda. El 14 de noviembre, la junta directiva recibió como presidente y socio mayoritario a Jhon Wilmer Quiroz Fonnegro, el mismo que el pasado 20 de mayo abandonó sorpresivamente el salón principal de The Hotel, tras leer un comunicado ante los medios de comunicación para desmentir las denuncias por estafa.

El consuelo que les da el presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, diputado Claudio Farías, es que los estafados vayan a denunciar en esa instancia. Lo que les queda es averiguar quiénes son esos oficiales de la Fuerza Armada que permitieron que Quiroz Fonnegra ejecutara una estafa, los mismos que les facilitaron presencia en instalaciones militares y contribuyeron a que más de un militar cayera como incauto.

¿Quién es Jhon Quiroz?

El 3 de junio 2003, Jhon Wilmer Quiroz Fonnegra llegó al Tribunal Primero Civil de Apure, cuando tenía 34 años, y dijo que nació el 9 de febrero de 1969 en San Juan, municipio Páez del estado Apure. Agregó que sus padres eran Eliecer Quiroz y Virgelina Fonnegra, quien vivía en Antioquia, Colombia, y desapareció en 1986, a quienes supuestamente se les olvidó asentarlo en la prefectura cuando nació. El 4 de agosto, Jhon Wilmer presentó a los testigos Carmen Morelia Cravo Ortiz y Verónica Castro. Y es así como el 3 de septiembre, es decir, en sólo tres meses, sin prueba contundente, la juez Francia Mayela Carrillo Croce ordenó insertar la partida de nacimiento y así fue como se convirtió en venezolano.

Asimismo, el flamante empresario tiene doble identidad, pues no solo se llama Jhon Wilmer Quiroz Fonnegro, su foto también aparece en el registro interno del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) como Jhon Alexander Quiroz Suescun, y con una serie de antecedentes penales que aparecen en pantalla desde 1992.

Sus tres identidades: Jhon Wilmer Quiroz Fonnegro, Jhon Alexander Quiroz Suescun y Alexander Suescun. Registrado con la cédula de identidad 10.185.898, Jhon Alexander Quiroz Suescun fue demandado en la ciudad de Cumaná por haber ofrecido un paquete de graduación, que incluía tres fotos con toga y birrete, un portarretratos, un botón, una medalla y el diploma, valorado en 100.000 bolívares. Llegó el día de la graduación pero nunca cumplió, por lo que fue demandado.

Los carros que llegaron de Colombia

En su defensa y ante los miles de afectados que incluso trancaron la Panamericana, Quiroz aseguró que no había tal estafa porque ellos tenían 20 contenedores en La Guaira, uno en Puerto Cabello y dos más a punto de llegar. Cabe destacar que en cada contenedor caben un máximo de dos vehículos, por lo que en ese caso tendrían apenas 70 automotores.

Por su parte, la comisión encargada del caso anunció que La Venezolana no tenía licencia de importación para traer vehículos. Los únicos autorizados en el país para traer vehículos son tres empresas del Estado: Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca), adscrita al Ministerio de Comercio; la Corporación Venezolana de Guayana (CVG Internacional), y Veneximca, adscrita a la Vicepresidencia de la República.

Al parecer, los únicos carros que La Venezolana trajo fueron los que mostraron en exhibición y los pasaron rodando por la frontera y desde Colombia con visa de transeúnte. En ese sentido, el Gobierno acusó al concesionario de comercializar más de 6.000 carros sin permisos para importarlos y el Ministerio Público acordó congelar las cuentas de la compañía, así como otras restricciones de tipo financiero.

A la espera de un carrito

Los famosos carros chinos nunca llegaron a manos de los clientes que cancelaron 30% y hasta la totalidad del costo. En tanto, documentos que cabe destacar no han sido revelados a la opinión pública, indican que el convenio con Brilliance se cerró el 1 de noviembre de 2013; el pacto con Zotye se selló el 21 de octubre y con Kawei el 18 de octubre.

Todos después del aviso del 2 de octubre en el que anunciaban unos autos con precios que oscilaban entre 198.000 y 398.000 bolívares en Auto Market, que se efectuó en octubre del año pasado en el CCCT. Miles y miles de venezolanos corrieron alarmados por la esplendorosa oferta, e incluso tenían que anotarse en una extensa lista para entregar sus documentos. La empresa no le temía al ruido. Por el contrario, a medida que fue ganando terreno participó en más eventos. El 14 de marzo, estuvo en una jornada cívico-militar celebrada en las instalaciones del Círculo Militar, en la que varios miembros de las Fuerzas Armadas cayeron en las garras de Quiroz.

Codeándose con la alta cúpula nacional

El mayo, el concesionario también destacó como uno de los patrocinadores de los Juegos Suramericanos de Playa del estado Vargas, organizados por la Gobernación de esa entidad y el Ministerio del Deporte. En muchos de sus comunicados, la empresa se manifestó a favor del Gobierno nacional y desafió a las automotrices tradicionales. “Ya nuestra primera flota se encuentra navegando las aguas del Pacífico rumbo al mar Caribe, a pesar de los cobardes ataques en nuestra contra de los carteles de la industria automotriz, que insisten en ser actores de la desestabilización política y económica en contra del legítimo gobierno nacional, encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros“, señaló Quiroz el 5 de marzo. En septiembre del año pasado, los mismos socios registraron otras empresas como el restaurante El Padrazo, cuyos eventos llegaron a tener eco en todos los Altos Mirandinos, luego de que llevaran hasta el mismísimo Oscar D’León a su local del centro comercial La Casona.

También Karina, Guillermo Dávila y Oscarcito. Desde la entrada hoy solo se ve una pecera y un cartel pegado en la puerta que dice “cerrado por inventario”. Ni en ese ni en ninguno de los otros negocios de sus accionistas hay quien de pistas de lo que pasó con Concesionario La Venezolana. En la dulcería Pink Cake Lui’s, conocida por los domingos de taebo, aerobics y bailoterapia que llegaron a organizar también en La Casona, señalan que no saben nada de sus dueños.

Sin respuestas

En Colombia plantean ofrecer nuevamente los vehículos a los estafados. “Los afectados nos han contactado para ver si enviamos sus carros“, dice el director de Operaciones de Forza Motors Group, Luis Armando Maita. “Sabemos que estas personas están huérfanas y estamos dispuestos a sentarnos a negociar, más no a tocar el dinero de gente que ya fue estafada; allá el Gobierno cómo establezca los mecanismos de cobro”. Aunque no ha precisado montos ni propiedades, la Fiscalía General de la República ha dicho que congelaron y enajenaron las cuentas y los bienes de los dueños de La Venezolana

Algunos de los afectados plantean la idea de continuar la compra de los carros a Forza Motors Group. “Apelamos a sus buenos oficios y voluntad, a fin de que nos sirva de interlocutor ante las autoridades de nuestro país y consustancialmente obtenga la solución efectiva de traer nuestros vehículos”, indica una carta colgada en la cuenta de Facebook de un grupo que se presenta como Alternativa Caso La Venezolana.

“Se nos está diluyendo el tiempo y yo me preocupo por mi pequeño capital”, comenta Nallybe Ortiz en nombre de ese grupo. Pero desde Facebook, en el grupo Clientes Caso La Venezolana manifiestan dudas frente a la alternativa, “por propuestas promovidas insistentemente a través de supuestos afectados con identidades no comprobadas”./Foto archivo