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OLP en Táchira ha deportado a 185 indocumentados

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26/08/15 .-  Durante el segundo día de la OLP en Táchira, 185 colombianos que permanecían en territorio venezolano de manera irregular, fueron deportados.

El jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Táchira, José Morantes Torres, confirmó el número de retenidos sin documentación durante otra jornada del operativo de seguridad que desplegó el Gobierno en la zona fronteriza que permanece cerrada por orden del presidente Nicolás Maduro, y donde se dictó un estado de excepción por 60 días.

Para el Ministerio del Interior de Colombia, el total de ciudadanos colombianos deportados es de 394, de los cuales 42 son menores de edad.

La cancillería colombiana, en un comunicado, exhortó a que “se respete la integridad y los derechos humanos” de los ciudadanos “que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas por Venezuela”.

Exigió que antes de tomar medidas de deportación “se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos”.

Tramitan permisos

En la frontera las personas que necesitan ir a Cúcuta por asuntos de salud, cuentan con la oficina de la Comunidad de Naciones de DDHH que se encuentra en Ureña.

Lilian Castañeda, secretaria de la dependencia, explicó que las funciones son humanitarias. Gestionan ante las autoridades que puedan pasar hasta Colombia pacientes que residen en Venezuela y ameriten tratamientos de diálisis o de quimioterapia.

El alcalde de Ureña, Alejandro García, informó que luego de la reunión de las autoridades civiles de Junín, Bolívar, Capacho Nuevo y Capacho Viejo, con el gobernador Vielma Mora y el alto mando militar, acordaron organizarse para ayudar a las personas con problemas de salud.

“Acordamos hacer unos listados de personas que se dializan o reciben quimioterapia en Colombia, por estar más cerca de Cúcuta que de San Cristóbal. Estas personas requieren tratamiento día por medio y lo venían recibiendo en Cúcuta; hay personas descompensadas que tuvimos que llevar hasta el puente Simón Bolívar y entregárselas allá a los grupos de derechos humanos”, explicó García.

 

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