El Ministro alemán de Justicia, Heiko Maas, afirmó hoy que el número de mensajes de “odio” o racistas borrados por Twitter, Facebook y YouTube tras denuncias de usuarios es “muy bajo” y advirtió de que, si no mejora la cooperación, el año que viene el Gobierno de Berlín tomará medidas legales.
En un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera en Alemania (VAP), Maas recordó el acuerdo alcanzado el año pasado con Google (Youtube), Twitter y Facebook ante el alarmante incremento de los “delitos de odio” en internet, que crecieron un 176 % en 2015, pero expresó sus dudas de que la autorregulación esté funcionando.
Las plataformas se comprometieron entonces a implementar mecanismos sencillos para la denuncia de comentarios xenófobos y a tratar de eliminar en menos de 24 horas los mensajes de odio racial que infringieran el código penal alemán.
Según los datos de Justicia, tras una primera evaluación del acuerdo, Facebook borró el 46 % de los mensajes punibles denunciados por usuarios, YouTube (Google) eliminó uno de cada diez y Twitter sólo un 1 %, tasas que mejoraron cuando la demanda la realizaron a través de correo electrónico los servicios de protección de la infancia y la juventud.
Más insistió en que, si las tasas siguen siendo “tan bajas”, el año próximo se darán pasos legales y subrayó la importancia de analizar este problema a nivel europeo para determinar, por ejemplo, si Facebook está obligado a borrar los mensajes racistas denunciados o cuántas demandas pueden forzarle a actuar.
Se necesita un procedimiento “transparente”, recalcó el titular de Justicia.
Reconoció, asimismo, la dificultad organizativa que puede suponer desarrollar un mecanismo interno para atender las miles de denuncias que una plataforma como Facebook recibe cada día, pero hizo hincapié en que la empresa debe respetar la ley.
Tras recordar que la libertad de expresión tiene límites, recalcó que los denominados “mensajes de odio” son delitos que deben ser perseguidos, por lo que “no se puede hablar de censura”.
Más puso también en evidencia las deficiencias del derecho alemán de la competencia para afrontar la era digital ante problemas como los que puede plantear Google, que controla más del 95 % del mercado de los buscadores en Alemania.