La CIDH dictó medidas cautelares a favor de Petro

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, deberá definir el futuro del alcalde de Bogotá, el exguerrillero Gustavo Petro, tras una intensa puja legal por su destitución en la que intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del mandatario de la ciudad.

En una decisión de potencial riesgo para su campaña de reelección y el proceso de paz que lleva a cabo con los rebeldes de las FARC, Santos tendrá que decidir si da paso a la remoción de Petro, como dispuso la justicia colombiana, o acoge un pedido de la CIDH para suspender la destitución que ordenó un órgano de control en diciembre.

El martes, un alto tribunal de Colombia mantuvo en firme la destitución del alcalde de Bogotá, dispuesta el 6 de diciembre por la Procuraduría -el órgano responsable de sancionar a los funcionarios públicos-, al tiempo que la CIDH dictó medidas cautelares a favor de Petro.

El alcalde de 53 años fue destituido e inhabilitado políticamente por 15 años, a raíz de una polémica reforma al sistema de recolección de basuras que a juicio del procurador, Alejandro Ordóñez, afectó la libre competencia al transferir a una empresa pública el control de ese servicio que estaba en manos de concesionarias privadas.

Petro -quien convocó para este miércoles a una concentración de apoyo- reconoció que “jurídicamente” Santos puede definir su futuro, pero advirtió que “políticamente e históricamente sería una enorme equivocación” si no acoge las medidas de la CIDH, cuyas resoluciones dividen opiniones en torno a si son o no de carácter obligatorio.