Vecinos aseguran que tanto la GNB como la Policía Nacional son permisivos con estos grupos
Cansados de temer por sus vidas y de vivir en una constante zozobra, los vecinos de Montañalta y Colinas de Carrizal denunciaron la actuación violenta de colectivos y grupo de motorizados que se acercan hasta las comunidades para infundir terror e instarlos a abandonar las acciones de calle, sin que la Guardia o la Policía Nacional tomen acciones al respecto.
Marlene García, vocera del consejo comunal de los edificios verdes, funcionaria de la Alcaldía de Carrizal y, quien habría resultado detenida durante los allanamientos, señaló que en vez de perseguir, investigar y pretender tomar acciones judiciales en contra de vecinos y familias sanas, el Gobierno nacional y los cuerpos de seguridad, deberían preocuparse por reducir los índices de criminalidad, así como también de desarmar y detener la actuación de estos grupos.
“Cuando se hacen manifestaciones, por lo general se acercan personas en moto a producir violencia y tratar de sembrar miedo en la población. Lo peor del caso, es que lo hacen frente a la mirada complaciente de la Guardia Nacional y de la Policía”.
Sostuvo que en diversas oportunidades los jóvenes de la comunidad han tenido que defender las residencias. “No podemos esperar a que nos den un tiro. Los funcionarios públicos y los dirigentes del PSUV deben llamar a capítulo a estas personas, que son quienes propician la violencia”.
Marlene García relató que junto a otras 15 personas fue detenida de forma abrupta, a las 4:00 de la madrugada. “Pese a que registraron hasta el último rincón de mi casa, no consiguieron nada. Yo no he participado en las guarimbas, simplemente he bajado a brindar apoyo a los vecinos y a colaborar con todos aquellos que se han visto afectado por las bombas arrojadas por la GNB”.
Agradeció la labor que han realizado los médicos y personal de enfermería del Centro Médico Los Altos, quienes han atendido de forma inmediata a los afectados. “También debemos destacar la solidaridad de nuestros vecinos, quienes en el momento de las detenciones estuvieron pendientes y nos recibieron en la plaza, cuando fuimos liberados sin ningún tipo de medidas cautelares, porque no cometimos ningún delito”.
Aseguró que en Montañalta viven familias sanas y, que no porque tengan un pensamiento político distinto al del Gobierno nacional, deban tomar este tipo de acciones. “Acá tenemos derecho a manifestar pacíficamente”. Responsabilizó al vicepresidente de Operaciones de Metro Los Teques, Farith Fraija, de ensañarse con la comunidad y de intentar dividirla. “No es casualidad que los detenidos fuésemos trabajadores de la Alcaldía”.
“Cicpc allanó viviendas de forma irregular y sin ordenes de aprehensión”
Alicia Guillén, abogada egresada de la UCV, especialista en Derecho Internacional y profesora de la Universidad Bicentenaria de Aragua, denunció que de todos los procedimientos y allanamientos realizados en Carrizal, los funcionarios del Cicpc solo tenían cinco órdenes de aprehensión.
“Desde las 4:00 de la mañana comencé a recibir llamadas de vecinos alarmados denunciando la situación. Al acercarme a los funcionarios que dirigían las acciones, la poca información que proporcionaron fue que tenían cinco órdenes de aprehensión, bajo los delitos de homicidio frustrado y alteración del orden público, por el simple hecho de participar en las guarimbas”.
Guillén sostuvo que otra de las irregularidades que fueron cometidas durante los allanamientos, fue el hecho de que se llevaran detenidas a un total de 10 personas, para que sirvieran de “testigos”, violando todos los procedimientos legales correspondientes.
“Fue indignante ver cómo se llevaban esposados a la conserje de un edificio, a su hijo y a su esposo. Cuando pregunté por los delitos, los funcionarios aseguraron que eran llevados en calidad de testigo. Indudablemente violaron Código Orgánico Procesal Penal”.
Recordó que el artículo 47 de la Constitución establece que la morada es inviolable, teniendo como excepción solo cuando se comete un delito en flagrancia o con una orden de un fiscal. Lamentó el hecho de que muchos vecinos han optado por no realizar denuncias cuando sufren lesiones producto de la actuación de la GNB, por temor a que sean aprehendidos.
“En la última asamblea de vecinos y en las próximas que efectuaremos en la comunidad, informaremos acerca del procedimiento adecuado que deben realizar los funcionarios, para que los ciudadanos conozcan sus derechos y denuncien los atropellos”.
Hizo un llamado a los vecinos para que se continúe manteniendo la unidad que los caracteriza, pues solo así podrán seguir haciendo frente y, denunciando este tipo de atropellos. “La protesta no es un delito. Podemos y tenemos el derecho constitucional de ejercerla de manera pacífica, las veces que queramos”.
