Este viernes 15 de mayo el presidente de la emisora Rumbera 106.9 FM, Eliu Ramos, informó que una delegación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se apersonó en las oficinas de la estación con dos oficios en los que se anunciaba el cese de la habilitación de la frecuencia.
Ante este acto la junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas del estado Miranda y demás agremiados, emitieron un comunicado en el cual expresan “su solidaridad a todos los trabajadores, periodistas y directivos de la emisora de radio”.
“La supresión de la libertad de expresión al cerrar un medio de comunicación vulnera el derecho que tiene los ciudadanos a recibir información y efectuar sus denuncias, así como atenta contra la libertad al derecho laboral, pues estas medidas dejas a un grupo de personas desempleadas”, dice.
Afirman que “los trabajadores de la prensa y medios de comunicación parecieran estar signados en este país a vivir permanentemente bajo ataques, agresiones, detenciones arbitrarias, censura y cierres de medios. Cada vez, es más complicado el ejercicio del periodismo en el país. Los gobernantes no aceptan comentarios donde se emitan críticas o denuncias sobre las fallas de una gestión. Consideramos que estas críticas deberían ser utilizadas en pro de ser más eficientes”.
“Cuando un vecino denuncia a través de los medios de comunicación el mal servicio de una institución pública, el mal estado de las calles o expresa su angustia por la inseguridad, el deber de las autoridades es investigar y tratar de dar respuesta y no enfilar su “artillería” en contra de equipos de prensa y medios de comunicación”, aseguran.
Asimismo hicieron énfasis en que “de alguna manera las autoridades municipales, regionales y estatales, deben reflexionar porque se está conculcando el derecho que tiene la población a estar debidamente informados”.