Economistas se pronuncian con respecto a los trámites notariados

DORIANA BORREGO

“El registro no es un servicio que el Estado pueda reservarse para cobrar por él, es un derecho del ciudadano venezolano y no puede ocultarse detrás de un pago. De ninguna manera aceptaremos que un derecho de registro sea llamado servicio como si de algún ente privado se tratara”.

Así lo declaró al Diario Avance el presidente de la Cámara de Artesanos, Pequeños y Medianos Industriales (Campi-Miranda), Bernardo Calvo, quien habló acerca de las tarifas establecidas en según la Ley de Registros y Notarías aprobada el 16 de diciembre de 2021 en la Asamblea Nacional (AN).

 “Secuestrar el derecho ciudadano detrás de una intención de cobro, por demás oneroso, es una terrible desviación perpetrada en contra de la población por quienes hoy ocupan cargos públicos de forma temporal”, dijo.

Señaló que esta es una “equivocación” por parte del Estado ya que buscan lucrarse con los trámites, “esta desesperación por adquirir fondos desde fuentes negadas naturalmente para la extracción de dinero, revela el estado de crisis de la administración pública por seguir disfrutando de grandes ingresos que antes administraba desde una renta petrolera que ellos mismos mermaron con una gestión de destrucción, ya sea por ignorancia o por malicia”. 

Añadió que no se harán oficiales “los cambios de titular de propiedad privada, no se harán registros de empresas, no se actualizarán actas de asamblea, no se actualizará Comisario, el Estado no tendrá conocimiento ni podrá hacer exigible documentos detrás de los cuales se exigen cuantiosas cantidades de dinero”.

La implementación de este nuevo instrumento legal ha generado gran inconformidad en el sector privado y en la ciudadanía en general, debido a los altos costos que deben cancelarse para diferentes trámites. /at. Fotografía: Luis Maizo