Claudio Paolillo responsabilizó directamente al gobierno venezolano
La Sociedad Interamericana de Prensa responsabilizó al gobierno de Venezuela por el posible cierre del diario El Impulso, afectado por una serie de medidas para acceder a permisos de importación de papel y otros insumos.
“Esta es, evidentemente, una situación delicada en extremo, cuyo responsable directo de procurar el cierre de El Impulso y otros medios escritos venezolanos por su línea editorial crítica, es el gobierno venezolano”, manifestó Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
En un artículo editorial titulado “Nos quieren silenciar”, el diario El Impulso describió los inconvenientes que atraviesa debido a que sus reservas de papel están a punto de agotarse.
El periódico, el más antiguo de Venezuela con 110 años, se manifestó preocupado por que la situación pueda afectar la calidad informativa y que deba interrumpir su circulación.
El diario, que se publica en Barquisimeto, indicó que pese a haber cumplido con todos los requisitos para que le otorguen los permisos y las divisas preferenciales necesarios para importar bobinas de papel y otros insumos, persiste la negativa del gobierno a través de “dilaciones vejatorias, excusas, silencios administrativos y ruleteos encarnizados”.
En un comunicado de prensa difundido electrónicamente, Paolillo manifestó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro continúa con su alevosa estrategia de estrangular económicamente a los periódicos venezolanos, restringiéndoles el acceso a insumos importados indispensables para su publicación.
No son los únicos afectados
La misma situación afecta otros medios periodísticos. El diario El Nacional, por ejemplo, ha publicado cuatro cartas públicas reclamando la falta de pago de mercancía importada hace seis meses, por lo que no cuentan con crédito externo para seguir importando.
Para la importación de insumos y productos extranjeros, los periódicos (o los distribuidores de papel) necesitan una cuota de divisas que autoriza la Comisión de Administración de Divisas, después de recibir un permiso de “certificación de productos de no producción nacional”. Esa autorización es emitida por el Ministerio de Industria y Comercio, lo que demanda meses de espera, de acuerdo con la SIP.
