La Cámara Inmobiliaria de Venezuela sostiene que la reforma de las leyes de Arrendamiento de Viviendas, Contra la Estafa Inmobiliaria y de Deudor Hipotecario, en conjunto, podrían proporcionar la seguridad jurídica y facilidad de pagos necesarias para poder ofrecer 50 mil viviendas al año en todo el país y de esa manera impactar positivamente en el Producto Interno Bruto (PIB).

La cifra implicaría una oferta de 25 mil viviendas en los próximos cinco años, así lo manifestó Roberto Orta, presidente del gremio, quien dijo que continúan proponiendo trabajar junto con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) para fijar los criterios en cuanto al cálculo de aranceles que, en muchos casos, escapan de la capacidad de pago de los usuarios.

Según la reciente reforma de la Ley de Registros y Notarías, el ciudadano debe pagar hasta 2% del valor de la compra de la vivienda. Pero en realidad, algunos registros están haciendo una estimación del inmueble, y al momento de establecer el porcentaje del arancel, este suele oscilar entre 4% y 40% de su valor.

Quienes no pueden pagar el arancel de registro, optan por firmar documentación entre privados o transar irregularmente. Esto último los expone a robos o estafas inmobiliarias, reseñó el portal Banca y Negocios.

Añadió que han solicitado audiencias con los directivos del Saren para agilizar soluciones. “Queremos que los usuarios puedan acceder al registro y que eso no represente un obstáculo para muchas familias”,/rp Foto: Jesús Tovar