El Senado brasileño realizaba el martes una agitada sesión para votar una legislación laboral que genera fuerte resistencia social, en un contexto político dominado por las denuncias de corrupción contra el presidente Michel Temer.

Los debates se iniciaron poco antes del mediodía con encendidos discursos de la oposición. Tres senadoras ocuparon los asientos en el estrado e impidieron al presidente del Senado, Eunicio Oliveira, tomar su lugar, citó AFP.

Visiblemente irritado, Oliveira suspendió la sesión y ordenó apagar los micrófonos del recinto, que también quedó a oscuras.

Otras senadoras y diputadas se sumaron a la protesta, transmitiendo en vivo por las redes sociales el bloqueo.

La nueva normativa dará preeminencia a los acuerdos negociados por sector o empresas sobre la legislación vigente; prevé igualmente la posibilidad de parcelar las vacaciones hasta en tres periodos y autoriza la “jornada intermitente”, con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual.

También determina el fin de la cotización sindical obligatoria.

La ley, respaldada por los mercados, genera un fuerte rechazo social (58% de los brasileños se opone a ella, según una reciente encuesta Datafolha). Los sindicatos realizaron una huelga general el 29 de abril y organizaron jornadas de protesta para denunciar el “retroceso” social de los planes de ajuste del gobierno.

Temer y su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, sostienen que esas medidas apuntan a “generar empleos”, en un país que trata de emerger de más de dos años de recesión y con 13,8 millones de desocupados (13,3% de la población activa).

La nueva Legislación del Trabajo integra un arsenal de reformas macroeconómicas, junto a la congelación del gasto publico durante veinte años (promulgada el año pasado) y a la reforma del régimen de jubilaciones, en tramitación en la Cámara de Diputados pero trabada por la crisis política.

“Después de apenas trece meses de gobierno, hemos hecho muchas cosas que [otros gobiernos] querían hacer sin conseguirlo”, dijo Temer el martes, en un acto con representantes del agronegocio.

Temer llegó al poder en mayo de 2016, tras el inicio del proceso de impeachment contra la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, de quien era vicepresidente.

Votada en abril por los diputados, la ley debe obtener en el Senado, de 81 miembros, una mayoría simple de los legisladores presentes, para poder ser promulgada por Temer.

Una victoria que podría resultar pírrica para el mandatario, confrontado a graves acusaciones de corrupción y amenazado por la erosión de su base aliada.

El relator de una comisión de la Cámara sostuvo el lunes que existen “indicios serios y suficientes” para encaminar a la corte suprema una denuncia contra Temer, por “corrupción pasiva”.

El plenario de la Cámara deberá decidir si acepta el informe o si archiva el caso.  Fuente: El Universal