“En los Altos Mirandinos, algunos municipios se han puesto creativos impulsando otras competencias tributarias de forma fraudulenta e ilegal, tal como el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria al incrementar la alícuota e imponiendo falsos valores de la tierra y de la construcción, los cuales no están respaldados con operaciones que lo convierte en un el impuesto exigible y confiscatorio; tanto del capital como de la renta de los propietarios del inmueble”.

La afirmación la hizo Bernardo Calvo, presidente de la Cámara de Artesanos y Pequeños Comerciantes de Miranda (Capmi), quien refirió que los ayuntamientos se anticiparon a la fijación de las tasas impositivas, antes de la publicación del tabulador aprobado por el Consejo Superior de Armonización Tributaria (CSAT).

“Mucho antes de que fueran delimitados por el CSAT en materia de impuestos a inmuebles urbanos ya estaban establecidos, y peor aún, exigiendo el pago de estos impuestos de cálculo mediante llamadas telefónicas y acercamiento a los grandes propietarios para tratar obtener el dinero, previo a la publicación en Gaceta Oficial de la limitación en el clasificador armonizado”.

En este sentido, insto a todos los propietarios de los Altos Mirandinos y del estado Miranda a revisar los montos exigidos por las alcaldías en materia de propiedad inmobiliaria y verificar de su legalidad. “Los afectados en pro de obtener protección pueden formular la denuncia ante los órganos competentes, como la Defensoría del Pueblo como el Ministerio Público, por tratarse de un intento una exacción ilegal”.