Con 103 votos a favor y 58 en contra, fue aprobada en primera discusión la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, discutida como primer punto en el orden del día en la sesión de ayer en la Asamblea Nacional. Al inicio de la jornada, y con igual número de votos, se le dio el carácter orgánico a este proyecto de norma.
El diputado Rafael Guzmán, del opositor bloque de la Unidad Democrática, presentó la iniciativa. Citando el artículo 4 de la Constitución Nacional, destacó que la Asamblea Nacional tiene el mandato de aprobar una Ley de Hacienda Pública Estadal, algo que está en mora desde el año 2004 cuando el proyecto fue vetado y engavetado, restándole poder a la autonomía y la descentralización.
Aseveró que durante 15 años no se le dio respuesta a las regiones y más bien, en los 17 años que lleva el Gobierno revolucionario, ha atacado la descentralización, promoviendo el centralismo y aumentando la burocracia.
En ese mismo orden de ideas, Juan Pablo Guanipa, mencionó varias bondades de esta ley, entre los cuales está asignar tributos a los estados, que permitan que se tenga una Hacienda Pública en cada estado de Venezuela. Esto es tener una sana administración y armonización tributaria que permita que estos no dependan sólo del situado constitucional o de otras transferencias que haga el poder central sino que parte de lo que los estados producen se queden en ellos”.
Del otro lado político, y en representación del oficialista Bloque de la Patria, el diputado Hugbel Roa rechazó esta iniciativa legislativa y acusó a la AN de montar todo un esquema de saboteo al desconocer una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual señala que “toda ley debe tener un impacto económico, con previa aprobación de la Oficina Nacional de Presupuesto que es quien dice si existe o no recursos para poder ejecutarla”.
Explicó que hay estados que tienen desigual generación de recursos, ejemplificando los casos de Trujillo, Sucre, Apure, Amazonas, “que no tienen capacidad industrial instalada no van a poder tener derecho a cumplir con sus trabajadores”.
Sobre esto último, su colega Ramón Lobo recordó que en lo que fue su experiencia como alcalde verificó que “gracias al sistema de planificación como el que se ha venido implementado, nosotros hemos logrado superar y mejorar la calidad de vida de muchos municipios, de muchas poblaciones que fueron dejados a un lado por estos gobiernos centralizados, simplemente dedicados a las grandes concentraciones urbanas”.
Defendió el rol del Jefe de Estado como “administrador de las finanzas públicas”, además de la importancia de las comunidades organizadas en el uso de los recursos que le son dirigidos desde el Gobierno central. “Esta ley lo que pretende es mutilar el acceso directo de los recursos a nuestros consejos comunales, a nuestras comunas”, aseguró.
