“Mi cuñada no quiere quedarse con el apartamento, solo está pidiendo que le den el lapso de tres meses que establece la ley sobre la materia para buscar para donde mudarse y desocupar. Ahora bien, el Estado (a través de la Misión Vivienda Venezuela) recuperó ese inmueble y ese organismo es el que tiene la última palabra”.
De esta forma se expresó una pariente de Yamilze Lenibeth Santos Rincón, la inquilina del apartamento ubicado en la etapa I, torre 10 del urbanismo El Chorro, que este martes 18 de junio en este medio de comunicación fue mencionada en una información suministrada por Yineth Carolina García Soto, quien expresó su descontento por haber perdido el derecho de adjudicataria al viajar a Colombia, dejar el inmueble en manos de terceros que lo arrendaron a pesar de que un bien de este tipo no se puede alquilar ni traspasar.
La informante quien pidió que no se publicara su nombre manifestó: “Esa señora (Yineth) pretende hacerse la víctima, cuando la verdadera víctima es mi familiar. Hace año y medio a ella le pidieron desocupación de la otra vivienda donde residía en El solar de la quinta. Se venció el contrato, por la emergencia y la premura consiguió en El Chorrito. Ese apartamento era ofrecido en alquiler en un grupo de WhatsApp. Eso era público y notorio”.
La mujer se contactó con el numero telefónico de la persona que aparecía en la publicación, era un hombre que dijo ser primo de la supuesta dueña. Pidió $80 por el alquiler y $80 más un mes adelantado. El negocio se cerró en $180, “e incluso ese señor lo ofreció en venta. La intentaron estafar al querer vender un bien sin ningún tipo documento, además que eso no puede ser porque eso pertenece al Gobierno”.
Las amenazas
Recalcó que la inquilina recibió el inmueble en pésimas condiciones, “paredes rayadas, sucias, llenas de grasa, puertas y sanitarios rotos, en fin, todo eso era espantoso. Pese a todo mi cuñada cancelaba religiosamente todos los meses, así lo demuestran los recibos de pago. No firmaron contrato. A mi familiar le avisan que esa señora regresa al país procedente de Colombia 20 días antes de llegar y no tres meses como se lee en la nota de prensa”.
“Entonces se le solicita al que arrendó que le de tres meses para conseguir para donde irse, siempre se intentó mediar con esa ciudadana pero nunca quiso hablar. Ella se presentó un sábado en la mañana de manera grosera, altanera se dirigió a la inquilina y sus familiares. Intervino la policía, ella tiene un conocido o un allegado que es Poliguaicaipuro que llegó amenazando para desalojar, es decir que esa señora no es ninguna santa”. Aseveró que su pariente se amparó, acudió al Ministerio de Vivienda y otras instituciones, expuso el caso ante la Consultoría Jurídica del Instituto de Vivienda de Miranda, “pidió los tres meses reglamentarios para desocupar. A la adjudicataria le informaron que por abandonar el apartamento perdía su posesión. A mi familiar le comunicaron que no le están entregando el inmueble a ella, solo se quedará allí hasta que consiga donde mudarse o el Estado le asignen una vivienda porque la metieron en una lista”.
