Es acusado de corrupción Paulo Bernardo, quien fue ministro durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, fue arrestado ayer en el marco de un operativo derivado a la operación “Lava Jato” de la Policía Federal de Brasil, que investiga la trama de corrupción en Petrobras.
Según informaron medios locales, el exministro de Planificación, Presupuesto y Gestión en el Gobierno de Lula y de Comunicación durante la gestión de su sucesora, que está suspendida, fue detenido en Brasilia, según mencionó DPA.
La Policía registró además la residencia de Bernardo en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil. El exministro está casado con la senadora Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores (PT), quien fue jefa de Gabinete de Rousseff.
La sede nacional del PT en Sao Paulo y la sede regional del partido en Brasilia también fueron registradas. Militantes del partido se congregaron frente al local, en la metrópolis paulista y acusaron a la Policía Federal de perseguir al PT.
Se sospecha que los fraudes cometidos contra la cartera reportaron entre 2010 y 2015 unos 100 millones de reales (unos 28,5 millones de dólares) en sobornos.
Otro detenido fue el secretario municipal de Gestión de Sao Paulo, Valter Correia, quien trabajó en el Ministerio de Planificación. La alcaldía de la metrópolis paulista pertenece al PT. Su titular es el alcalde Fernando Haddad.
A su vez, fueron citados a declarar el exministro de Seguridad Social y de la Secretaría de Aviación Civil durante el Gobierno de Rousseff, Carlos Gabas, y el periodista Leonardo Attuch, director de la web informativa Brasil 247.
En el marco de esta acción también fue dictado un pedido de arresto del extesorero del PT Joao Vaccari Neto, quien ya está encarcelado acusado de haber captado recursos desviados de Petrobras para el partido.
El operativo realizado ayer, denominado “Costo Brasil”, investiga una trama de pago de sobornos en contratos de prestación de servicios de informática del Ministerio de Planificación.
La red ilegal consistía en favorecer con la obtención de licitaciones, a cambio de sobornos, a una empresa de tecnología e informática que administraba créditos consignados para funcionarios públicos. Los créditos consignados son préstamos cuyas cuotas se les descuenta directamente a los funcionarios de sus salarios.
“El 70% de los valores recibidos por esa empresa eran transferidos a personas vinculadas a funcionarios públicos con influencia en el ministerio por medio de otros contratos ficticios o simulados”, indicó la Policía Federal, citada por el portal del diario O Estado de Sao Paulo.
