07/08/15.- Por el presunto homicidio del supervisor agregado Luis Eduardo Hernández (49), funcionarios de la Policía de Miranda aprehendieron a un sujeto identificado como Darrel Josué Cova Rodríguez (26), quien resultó capturado pocas horas después del crimen dentro de una vivienda en el sector La Línea de El Vigía.

Así lo informó el jefe encargado de la Coordinación Policial N° 1, comisionado Jonathan Pérez, quien agregó que ejecutaron un intenso operativo de búsqueda en conjunto con la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP), por lo que afortunadamente lograron la captura en tiempo récord. Cabe destacar que Darrel Josué actuó en complicidad con otro malhechor, que aún está prófugo de la justicia.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron una pistola Glock nueve milímetros, con 16 cartuchos sin percutir, la cual estaba asignada al occiso; un revólver .38, solicitado desde 1982 por el Juzgado del Distrito Sotillo, en el estado Anzoátegui, con el que presuntamente le dieron muerte; y un radio transmisor,  también propiedad de la policía regional, que fue parcialmente destrozado.

Asimismo, se conoció que el presunto asesino cumplía un régimen abierto de pernocta en la cárcel de La Planta en Caracas, por el delito de dos robos simultáneos que cometió en el año 2008, pero no cumplió la condena en su totalidad porque el 18 de agosto de 2013 recibió el beneficio otorgado por el Plan Cayapa.

Por su parte, el director encargado de la DIEP, comisionado José Armando Chacón, añadió que “las averiguaciones del paradero del segundo implicado se encuentran bastante adelantadas. Está plenamente identificado, gracias a videos que fueron colectados en la escena y a otros elementos de interés criminalístico”.

Dantesco asesinato

Tal como reseñamos en nuestra edición de ayer, a las 4:30 de la tarde del miércoles, el supervisor agregado Luis Hernández perdió la vida tras ser interceptado por un par de maleantes que le propinaron dos impactos de bala, uno en el rostro y otro en la pierna, cuando se encontraba realizando guardia en la División de Transporte, ubicada en la calle 19 de Abril de Los Teques.

Hernández prestó sus servicios durante nueve años y ocho meses en la institución, y deja en orfandad a una hija. Con su muerte asciende a cuatro la cifra de policía caídos en manos del hampa, dos de ellos en los Altos Mirandinos.

La impunidad está acabando con los venezolanos

Elisio Guzmán, director de la Policía de Miranda, resaltó que “nuevamente tenemos que afrontar el tema de la impunidad que existe en nuestro país y queda en evidencia que las medidas que les están otorgando a los delincuentes no se están cumpliendo. Por el contrario, siguen delinquiendo y en este caso asesinando a efectivos, quienes se dedican al resguardo de la ciudadanía. La muerte de un policía es un problema para la sociedad”.

De igual manera, recalcó que el Estado obliga a los organismos policiales a pagar un impuesto para el otorgamiento de cupos en recintos penitenciarios. Se trata de la compra de un kit que, según el jefe policial, genera una situación insostenible para el organismo, debido a que dicha dependencia cuenta con un presupuesto reconducido desde el año 2008.

“En el mes de mayo, cuando el ente ministerial impuso la medida, el kit que debía tener cada detenido para hacer efectiva su condena en las cárceles nacionales, tenía un costo de Bs. 30.000. En la actualidad,  cada uno está valorado en Bs. 33.000. Dentro del presupuesto ordinario de la policía no está contemplado ese gasto, por ello el Estado venezolano nos está obligando a pagar un impuesto por detener a los delincuentes”.

El kit para cada recluso consta de dos uniformes, un colchón, un par de zapatos, dos sábanas, una toalla y artículos de aseo personal. “A esta exigencia se unen los requisitos solicitados por el ministerio como lo son un expediente contentivo de la ficha descriptiva, formatos de identificación, cédula de identidad, acta policial, computo de la pena y acta de derechos del imputado. Este proceso burocrático genera que el aprehendido permanezca más tiempo en las salas de detención, produciendo hacinamiento, impunidad y violación de los derechos humanos”, sentenció Guzmán.

En este sentido, reiteró que para la fecha cuentan con 186 aprehendidos en los Centros de Coordinación Policial de la entidad, los cuales tiene una capacidad para albergar solo a 140 personas, por lo que la condición de hacinamiento continúa. “En la sede de Santa Teresa y Los Teques tenemos un excedente de 26 y 23 detenidos respectivamente, alcanzando casi el doble de número que debería estar recluido en esos espacios”.

Por: Andreina Ibarra/Fotos: Jesús Tovar