El Gobierno brasileño rechazó ayer en forma enfática las manifestaciones de países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América/Tratado de Cooperación de los Pueblos (ALBA/TCP) sobre el proceso que derivó en la suspensión provisional de la presidenta Dilma Rousseff.

Específicamente, la Cancillería brasileña, a través de un comunicado divulgado ayer, se refiere “a los Gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela” y el ALBA/TCP, “que se permiten opinar y propagar falsedades sobre el proceso político interno en Brasil”, según informó DPA. “Este proceso se desarrolla en un cuadro de absoluto respeto a las instituciones democráticas y la Constitución Federal”, señaló el comunicado.

“Como cualquier observador imparcial puede constatar, el proceso de impedimento está previsto en la Constitución; el rito establecido en la Constitución y en la Ley fue seguido rigurosamente con el aval y definición del Supremo Tribunal Federal y el vicepresidente asumió la Presidencia por determinación de la Constitución Federal en los términos por ella fijados”.

Los países mencionados condenaron la apertura de un juicio político contra la Presidencia, votado en la madrugada del jueves en el Senado, con lo cual Rousseff fue apartada del cargo por seis meses y asumió el Gobierno en forma interina el vice, Michel Temer. El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó el proceso como un “golpe congresal y judicial”.

“Hermana presidenta Dilma, sentimos la misma indignación que usted y su pueblo frente al golpe congresal y judicial. Los pueblos humildes condenamos el atentado contra la democracia y la estabilidad económica del Brasil y la región”, publicó el mandatario boliviano en Twitter. A su turno, el Gobierno de Raúl Castro acusó a la oposición brasileña de orquestar un “golpe de Estado”.

Por su parte, el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, envió un mensaje a su par brasileña y expresó “su indignación y rechazo” por lo que calificó como un “impresentable y antidemocrático proceso que ha ensombrecido la seriedad y fortaleza de las instituciones” en Brasil. El oficialismo venezolano expresó un “contundente rechazo a la violación a la democracia y la voluntad popular en Brasil”.

Ecuador, en tanto, emitió un comunicado en que respalda al Gobierno y al pueblo de Brasil, aunque manifestó su profunda preocupación por lo que consideró “la amenaza de una grave alteración del orden constitucional, de profundas consecuencias para el conjunto de la región”.