El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, negó hoy que Venezuela sea un “país de emigrantes” y, por el contrario, afirmó que es mayor la cantidad de personas que ingresa al territorio que la que emigra por la crisis política, económica y social que atraviesa la nación.

“No es cierto que Venezuela es un país de emigrantes. Venezuela todavía es un país receptor de inmigración (…), el flujo de las personas que entra es mayor que las personas que salen”, aseveró el ombudsman en entrevista con la emisora privada Unión Radio.

Ruiz señaló que la entrada de personas al país “no se refleja en los grandes medios de comunicación” y achacó además la responsabilidad de esto a algunos países que, afirmó, usan “como propaganda que han recibido mayor cantidad de personas que están solicitando asilo”, según reseñó Efe.

Sin embargo, el defensor reconoció que hay una diáspora, pero destacó que la conforman jóvenes “de clase media” que piensan que no tienen “esperanza” como consecuencia de una “falta de diálogo” en el país.

“Al fallar el diálogo como debate, la resolución de conflicto por la vía pacífica, entonces empieza a fallar otra cosa que es la esperanza (…). Si tengo problemas para conseguir un empleo, problema de seguridad, me siento inseguro, no puedo acudir a algunos sectores, a alguna discoteca (…) la esperanza se pierde”, agregó.

En ese sentido, resaltó que se deben buscar vías de diálogo para resolver los problemas.

Por otra parte, Ruiz, quien asumió la dirección de la Defensoría del Pueblo hace casi dos meses, señaló que su despacho ha recibido numerosas denuncias sobre la dificultad de acceder al agua y a alimentos.

“Problemas, por ejemplo, del acceso al agua, el acceso a los alimentos, el acceso a las medicinas. Un problema de seguridad que tiene que ver con los hacinamientos en los centros policiales (…) un problema de retardo judicial que tiene que ver con el acceso a la justicia, con el funcionamiento de los órganos de justicia”, detalló.

Para el defensor, estas demandas no son “necesariamente” las principales “violaciones o vulneraciones a los derechos humanos” en el país, sino más bien “la percepción que tienen las personas” para acudir a la Defensoría del Pueblo.

Fuente: El Universal