Este jueves varios diputados acudieron a la sede de la Defensoría del Pueblo a denunciar lo que consideran son “violaciones de los derechos humanos” en relación a personas detenidas por el Estado venezolano.

La diputada Delsa Solórzano encabezó la misiva de parlamentarios quienes entregaron un documento para protestar por la situación de DDHH humanos del país y fue la primera en criticar el accionar del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, por permitir que esto ocurra en el país.

“Tarek WIlliam Saab ha dicho de manera cínica en el examen periódico de la ONU que en Venezuela se respetan relativamente los DDHH cuando estos o se respetan o no se respetan. Es como decir que un hombre está medio preñado, o está preñado o no”, soltó la diputada.

En declaraciones ofrecidas a la prensa, Solórzano criticó particularmente que Saab asegurara no tener conocimiento de ciudadanos detenidos por cuerpos de seguridad del Gobierno que cuentan con boleta de excarcelación y que aún así no han sido liberados.

“El señor defensor dijo que no tiene conocimiento de que hayan ciudadanos con boleta de excarcelación que no se han ejecutado, también dijo no tener conocimiento de presos políticos que ameritan ser trasladados por materia de salud. Solamente el día de ayer recibimos denuncia de 18 familiares de presos políticos, 14 de ellos funcionarios de Polichacao que tienen boleta de excarcelación desde el año pasado y el Sebin se niega a recibirlas y a otorgarles la libertad”, reclamó la diputada.

En el documento que se entregó en la Defensoría también se hace mención al caso de Alejandro Zerpa, a quien califican como “preso político” y que aseguran debe ser trasladado del Sebin al hospital militar “porque corre en riesgo su vida”.

Solórzano también aprovechó para criticar abiertamente las Operaciones de Liberación Humanistas del Pueblo (OLHP), las cuales, dijo, sirven para que se hagan todo tipo de violaciones a los DDHH, particularmente las ejecuciones extrajudiciales.

“Las principales víctimas de las OLP son inocentes, no tienen antecedentes penales y, aunque los tuvieran, ese no es el procedimiento legal porque en Venezuela no existe la pena de muerte”, criticó.