En una protesta se muestra las fotos de cada estudiante desaparecido en un pupitre vacío

En las últimas semanas el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ha tenido que enfrentar el dolor de cabeza más grave en sus casi dos años de gestión, la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero. Luego de haber sacado adelante un paquete de reformas clave en áreas estratégicas y sensibles de la economía y haber asegurado que estaba doblándole el brazo al extendido crimen organizado, Peña está bajo el fuego de sus críticos que lo han señalado de no tener una política de seguridad integral.

En la búsqueda de los jóvenes, las autoridades han encontrado varias fosas en Guerrero con más de 38 cuerpos, poniendo en relieve la existencia de estos enterramientos clandestinos en varias zonas del país, donde hasta el mes pasado unos 2.000 cuerpos fueron hallados en fosas, la mayoría sin identificar aún.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que pese a todos los esfuerzos para luchar contra el crimen, incluyendo la captura de grandes capos de las drogas, la desaparición estos estudiantes a manos de policías municipales y delincuentes, con la complicidad de varios funcionarios de alto rango, estaba empañando la gestión.

Si bien las autoridades han anunciado la detención de más de 50 personas, entre policías y criminales del grupo conocido como Guerreros Unidos, así como a parte de los autores intelectuales y materiales de la desaparición, aún no se conoce el paradero de los jóvenes. Miles de personas han marchado en Guerrero así como en otras ciudades del país pidiendo que los normalistas aparezcan con vida y que los responsables de su desaparición paguen por las muertes y los secuestros.