Presos dos miembros de consejo comunal por usar los recursos en gallinero privado

Dos miembros del consejo comunal La Esperanza del 26, que hace vida en el sector Figueroa, en el kilómetro 9 de la Panamericana, en el municipio Los Salias, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección del Servicio de Investigación Penal (DSIP) de Polimiranda tras ser acusados del presunto desvío de recursos asignados a un proyecto social en materia de salud.

Aprobaron el dinero para la reparación y acondicionamiento del ambulatorio de la zona y la incorporación de un área de odontología. Los trabajos beneficiarían a residentes de 14 comunidades que forman parte de la comuna.

Avance a través de una fuente vinculada al caso, conoció que el 25 de julio de 2024, la Casa de Gobierno de esa localidad, transfirió Bs. 365 mil ($9.926) a la cuenta del consejo comunal. El monto era administrado por Norkis del Carmen Hernández (38), sin embargo, ella habría ocultado a los demás integrantes de la organización del poder popular la correcta recepción y administración de los citados fondos.

De acuerdo a las averiguaciones, la mujer presuntamente hizo cuatro transferencias bancarias a otra cuenta. El 9 de agosto realizó dos traspasos, uno de Bs. 91 mil ($2.474) y otro de Bs. 90 mil ($2.447).

Después, el 18 de agosto efectuó una nueva transferencia por la cantidad de Bs. 101 mil ($2.746) y la cuarta el 20 de agosto por un monto de Bs. 79.200 ($2.153). La plata fue a parar a una cuenta a nombre de Alicio Bastidas Suárez (48), también del consejo comunal, quien tenía la responsabilidad de comprar los materiales.

La obra no se ejecutó y los recursos supuestamente de manera ilegal se usaron para la construcción de un criadero de pollos y gallinas para el beneficio particular del hombre y la mujer señalados.

La denuncia

Al percatarse de la irregularidad, el 12 de septiembre, una directiva del consejo comunal acudió al Banco Bicentenario del Pueblo Soberano, solicitó un estado de cuenta y descubrió que solo estaban disponibles Bs. 755 ($20).

La ciudadana alertó de la situación al resto de la agrupación y en una reunión acordaron formular la denuncia, entonces recurrieron al Iapem que procedió a la captura de ambos implicados.

Fueron presentados ante la Fiscalía 25 que los imputó por los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, previsto y sancionado en el artículo 59 de la Ley contra Corrupción, así como agavillamiento.

El Tribunal Tercero de Control de Los Teques, dictó privativa de libertad y ordenó como sitio de reclusión para el individuo la cárcel de Yare y para ella el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).