El Departamento de Justicia de EEUU tiene previsto liberar durante estos días a 6.000 presos y entregar 1.700 a las autoridades migratorias para que ellas decidan si estos ciudadanos extranjeros que cruzaron ilegalmente la frontera deben ser deportados o retenidos en centros de detención.
La liberación de presos, que será la mayor producida de una sola vez en EE.UU., responde a una decisión de la Comisión de Sentencias del Gobierno estadounidense, que el año pasado decidió reducir las penas por delitos relacionados con la posesión, consumo o venta de drogas. El cambio debiera tener un carácter retroactivo, para que los ya encarcelados pudieran beneficiarse de la nueva medida.

Según la Comisión de Sentencias, la liberación de los presos, medida destinada a aliviar la superpoblación de las cárceles del país, donde viven 2,2 millones de personas, se ha retrasado un año. Fue decidida en noviembre de 2014 y el retraso se debe al objetivo de trazar un plan de cooperación con diferentes instituciones del Gobierno, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que ahora tendrá que decidir sobre la deportación de los 1.700 extranjeros que serán excarcelados.

Estos ciudadanos también podrán ser internados en los centros de detención para inmigrantes indocumentados, que el mandatario de EE.UU Barack Obama, clausuró poco después de su llegada a la Presidencia, en 2009, pero decidió reabrir el año pasado tras el gran número de familias que cruzaron de forma ilegal la frontera, la mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras.