Piden medidas que beneficien a comerciantes y consumidores
El representante de los comerciantes de Carrizal, Eduardo Texeira, aseguró que la Ley de Precios Justos debe ser modificada, mas no derogada, pues no se debe caer en el vicio de eliminar instrumentos legales como medida de retaliación ante lo que el Gobierno central ha hecho hasta ahora. Cabe destacar que hay rumores sobre una propuesta de Fedecámaras para que la nueva Asamblea Nacional derogue dicha ley.
Texeira indicó que la normativa no está beneficiando a los industriales, comerciales, ni al público en general, por lo que recomendó una verificación inmediata del margen de ganancia establecido y del acaparamiento que supuestamente se genera en los locales.
“El Ejecutivo ha usado este término para condenar a cualquier vendedor que tenga mercancía en su depósito, eso tiene que cambiar. Los ingresos que tenga un comerciante deben adaptarse a los precios reales de producción”. Señaló que el país debe entrar en una nueva fase comercial para combatir la escasez. “La gente lo requiere urgentemente, cada vez se hace más difícil adquirir los artículos de primera necesidad”.
Entre tanto, Nelson Puchi, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales de Miranda (Capmi), sostuvo que esta ley no es tan justa como su nombre lo indica, por lo que consideró anular la misma. “Necesitamos medidas beneficiosas para el comerciante y el consumidor, que realmente brinden bienestar al ciudadano y este pueda vivir acorde con su capacidad de trabajo”.
Por su parte, Bernardo Calvo, representante de la Cámara de Comercio de Los Salias, manifestó que el sector productivo está viviendo un cerco legal que impide el libre ejercicio de la industria. Esto trae como consecuencia la reducción de la oferta y una escasez galopante.
Explicó que la economía venezolana se estaba sosteniendo con una estructura artificial basada en los elevados precios del petróleo, pero una vez que estos cayeron se detonó las crisis. “Todo es producto de las políticas erradas que han desarrollado durante estos años”.
Precisó que la Ley de Precios Justos es sancionatoria y pretende obligar a los empresarios a vender a montos irreales. “Las compañías no tienen los dólares para subsidiar los artículos que el Ejecutivo pretende colocar con precio máximo de venta al público”.
Además, mencionó que los consumidores adquieren los rubros a un alto costo, al no hallarlos a precio regulado. “Una madre tiene que comprar un pote de leche para su hijo al precio que sea, estas políticas solo han generado situaciones lamentables”.
Calvo extendió un llamado a la nueva AN, que se instalará a principios del año que viene, para que incentive urgentemente la producción, pues aseguró que montar una empresa en el país es prácticamente imposible por todas las complicaciones que se generan.
“El empresario no es un enemigo, es el ciudadano que trae servicios, soluciones y satisface necesidades de la población produciendo empleos. Si una persona no puede comprar lo que ofrece alguna compañía, no es responsabilidad de esta, sino de la macroeconomía manejada por el Gobierno”.
Resaltó que un gremio profesional lleva a cabo estudios que son publicados por la página web de Conindustria, sobre las dificultades que afronta la economía nacional. “Por medio de esta plataforma se han solicitado soluciones. Debemos iniciar por el desmontaje sistemático del control de cambio, pues esto solo busca dominar lo que se descontroló inicialmente”.
En contraparte, el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, César Ferrer, repudió este martes, a través de su cuenta en Twitter, la pretensión de anular la normativa. “Rechazamos cualquier intención de la burguesía de atentar contra el pueblo derogando la Ley de Precios Justos #LealtadAbsolutaAlaRevolución”./Adrian Rivero/ac
