El sospechoso, que vive en El Picacho de San Antonio, tiene antecedentes por secuestro y usurpación de título militar. Efectivos del Cicpc allanaron su vivienda, donde hallaron tres pistolas y la camioneta 4Runner en la que se iba junto a otros dos el día del crimen
Andreína Ibarra. Rumores van y vienen sobre el asesinato de Adriana Grissel Urquiola (28), hecho ocurrido el domingo 23 de marzo en Los Nuevos Teques, pero lo cierto es que en horas de la noche de este lunes, sabuesos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) efectuaron un allanamiento en la residencia de Yonny Eduardo Bolívar Jiménez (37), oriundo de Barquisimeto, Lara.
El equipo de Avance se trasladó hasta el edificio Ana María en la urbanización El Picacho en San Antonio de los Altos, donde varios habitantes, quienes prefirieron no identificarse, aseguraron que el hombre es presunto escolta de una ministra y, tanto la camioneta 4Runner, color negro y placas AD442FD, como las tres pistolas recuperadas por la policía científica son supuestamente propiedad del Estado. De igual manera, resaltaron que era problemático y ningún vecino lo trataba.
Extraoficialmente se conoció que, según las pruebas de balística, el sujeto disparó al aire, pero una bala rebotó en un poste e hirió de muerte a Urquiola, quien fue alcanzada por un proyectil descendente en la cabeza con afectación de esquirlas en el tórax. La otra mujer herida, identificada como Rosalba Pérez (32), se encontraba a 20 metros de Urquiola, se bajaron del mismo autobús y aparentemente también fue impactaba por una bala de rebote.
De igual manera, se supo que en la escena del crimen recolectaron 14 casquillos de 9 milímetros y encontraron dos proyectiles que impactaron contra la montaña que colinda con residencias Riga. Al parecer, el sospechoso se dirigía hacia su residencia pero en el camino se encontró con la barricada, por lo que decidió disparar para dispersar a los encapuchados y abrir paso.
Según registro del Tribunal Supremo de Justicia, con fecha del 30 de marzo de 2006, Bolívar Jiménez tiene registro judicial desde 2003 por secuestro, usurpación de título militar, pues supuestamente se hacía pasar por capitán del Ejército; ocultamiento de arma de fuego, aprovechamiento de acto falso, obtención de pasaporte por falsedad ideológica, con aplicación de una agravante por reincidencia.
En ese sentido, un reportaje de la página web www.aporrea.org, con fecha del 8 de mayo de 2005, informó que “un tribunal dio libertad a Bolívar Jiménez, conocido como el ‘Capitán Bolívar’, y la medida comprendía la devolución de todos sus bienes, propiedades y cuentas bancarias”.
El seguimiento realizado por la Comisión Judicial del TSJ impidió que esta medida se concretara, según afirmó en aquel entonces el magistrado Velásquez Alvaray, presidente de la Comisión de Reforma, por lo que procedieron con la destitución de una jueza. Hasta el cierre de esta edición, Bolívar se encontraba prófugo de la justicia y directivos del Cicpc no habían rendido declaraciones./sa/Foto: Jesús Tovar