Este martes entró en vigor el nuevo reglamento de extranjería en España, con el que el gobierno prevé regularizar a unas 900.000 personas en los próximos tres años, entre ellos a más 66.000 venezolanos, pero que ha despertado un gran rechazo por los posibles riesgos que entraña para colectivos como los solicitantes de asilo, muchos de ellos de América Latina, o la infancia.

El gobierno lo presenta como una ambiciosa reforma que, después de 13 años y bajo una perspectiva de defensa de los derechos humanos, da respuesta a la realidad migratoria actual, adaptando la normativa europea en la materia.

Una de sus novedades más importantes es que se reconfigura la figura del arraigo en cinco tipos -social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar- y reduce de 3 a 2 años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ella.

También se crea una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles con el fin de mejorar la figura de la reagrupación familiar, a través de una ampliación de su cobertura, por ejemplo, al extender la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años de edad.

Entre sus puntos positivos, el nuevo reglamento establece que todas las autorizaciones iniciales serán de un año y las renovaciones de cuatro, con el fin de evitar situaciones de irregularidad sobrevenida.

Y las personas que vengan a España para cursar sus estudios contarán con una autorización de estancia inicial que dure el mismo tiempo que su formación y se les facilitará una vía rápida para poder enlazarla con una de trabajo cuando acaben los estudios.