27/07/15.- En febrero de 2013, el abogado Manuel Reyes Peña recibió la Auditoría Interna del Concejo de Los Salias, tras ganar el concurso, y desde allí lideró una auditoría de gestión, en la que halló hechos irregulares que llevaron a la apertura de procedimientos administrativos fiscales, de los que se consignaron 2 a la Fiscalía del Ministerio Público y otros 10 a la Contraloría de la República.
“En esos hechos están incursos funcionarios de alto nivel del Concejo. Uno de los expedientes es del período 2013, y el resto de los ediles en ejercicio. Por ejemplo, se detectó que hacían contrataciones de pólizas de HCM que se pasaban al presupuesto del año siguiente, contrataron a funcionarios de carrera para trabajar como asistentes y hubo ingreso de personal sin tener la partida para ello”.
A partir de allí, y según el especialista en Derecho Penal, Civil, Administrativo y Laboral, se inició una disputa con los concejales por las molestias generadas a raíz de las investigaciones que emprendió, lo que llevó a los cuatro ediles de Primero Justicia (PJ) y al representante de Voluntad Popular (VP) a firmar un acuerdo para su destitución “de manera arbitraria, inconstitucional e ilegal que violó el debido proceso, ya que ni siquiera fui notificado”.
Señaló que debido a esta situación, interpuso un recurso de nulidad del referido acuerdo SM190-2014, de fecha 10 de diciembre de 2014, ante el Tribunal 2º Superior Contencioso Administrativo del Distrito Capital, que declaró con lugar la medida de amparo y suspendió todos los efectos. “La juez determinó que se me violentaron mis derechos constitucionales porque no se me permitió acceso al expediente, entre otras irregularidades”.
Reyes informó que para mañana está prevista la audiencia de juicio, de la que espera salir airoso. “Esta violación debe acarrear sanciones que podrían ir desde multas a inhabilitaciones políticas a estos funcionarios, que deberán responder de forma civil, penal y administrativa por sus actuaciones”.
Sobre qué aspira en el juicio, respondió sin vacilación: “Que se haga justicia. Creo que los funcionarios públicos no deben abusar de la autoridad que se les da, que en mi caso fue extremo. En vez de hacer un proceso administrativo, decidieron de una vez mi destitución y lo remitieron al contralor general”.
“Nombraron auditor de su misma tolda política”
El exauditor relató que en febrero de 2015 decidió renunciar al cargo para optar a uno mejor, a lo que le siguió otra irregularidad, ya que según el Reglamento Interno de la Auditoría, tras conocerse su vacante absoluta, “se debió nombrar al segundo funcionario de mayor rango de la oficina, al que le hicieron la vida imposible y, violentando el reglamento, colocaron a alguien de su tolda política”.
“Eso también tiene un juicio a cargo del Tribunal 1º Contencioso de Caracas, ya que impugné esa decisión”./AT /ac
