La vigencia del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el país, fue extendida por otros 60 días, por sexta vez, alegando que persisten las circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales en lo social, económico y político que motivaron la declaratoria y que se prorrogó el 13 de enero en el decreto N° 2.667.

La decisión presidencial permite disponer de los mecanismos jurídicos y fácticos que le permitan tomar medidas necesarias para proteger a los ciudadanos de “las amenazas internas y externas desestabilizadoras de la economía y el orden social del país y del chantaje económico que pretende cercenar el derecho de los venezolanos (…) a vivir dignamente”.

El presidente Nicolás Maduro responsabiliza de la crisis a una supuesta guerra económica orquestada por la oposición venezolana con apoyo internacional. El gobierno mantiene sumido al país en la peor recesión económica de la historia con una fuerte escasez y la inflación más alta del mundo.

Prolongados controles de cambio y de precios, expropiaciones y restricciones a la iniciativa privada han socavado la capacidad de producción que mantiene al aparato productivo trabajando a 35%.