El tribunal aprobó el beneficio de libertad bajo régimen de presentación cada siete días

Rosa Orozco y Saúl Moreno, padres de la estudiante Geraldine Moreno, rechazaron la medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación a los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana Paola Barroso y Franklin García, investigados por el asesinato de su hija durante una manifestación en el sector Tazajal de Valencia. El Tribunal Sexto de Control del circuito judicial penal del estado Carabobo aprobó el beneficio procesal –que permite a los funcionarios salir de la cárcel, aunque los obliga a presentarse cada siete días en el juzgado– a petición de los fiscales del Ministerio Público que investigan el caso.

La Fiscalía solicitó la medida con el argumento de que la investigación de la muerte de Moreno, que falleció como consecuencia de un disparo de perdigones en la cara, no ha terminado. Pero los padres de Moreno rechazan la decisión porque consideran que se trata de una violación de los derechos humanos. Orozco explicó que no comprenden por qué la justicia venezolana les otorga beneficios procesales a los acusados por el asesinato de su hija, cuando en otros casos muy sonados los tribunales han rechazado este tipo de medidas alegando que los detenidos estaban incursos en crímenes de lesa humanidad.

La madre cree que tantos los dos funcionarios de la GNB liberados, como los otros 23 que participaron en la represión de la manifestación del 19 de febrero en Tazajal, son cómplices del crimen de su hija. También señala al jefe del destacamento 24, Frank Díaz Osuna, por no haber presentado a los funcionarios a su cargo ante la Fiscalía.

“Es extraño”

El abogado Luis Armando Betancourt –integrante de la ONG Foro Penal Venezolano, que representa a los padres de Moreno– criticó el cambio de criterio del Ministerio Público, que al solicitar la orden de aprehensión consignó elementos que hacían presumir que los funcionarios eran responsables. Betancourt también cuestionó la rapidez del tribunal en aprobar la medida cautelar, sin tomar en cuenta el recurso de oposición que los padres de Moreno interpusieron contra la solicitud de la Fiscalía. “Es extraño que el juez de control se haya pronunciado el mismo día”.

El abogado precisó que el FPV estudia el expediente para evaluar las próximas acciones a tomar. La primera opción sería introducir un recurso de apelación ante la decisión del tribunal, pero no descartan otras opciones. “Vamos a ejercer todos los recursos posibles para que se haga justicia”. Betancourt agregó que, en el caso de que se agoten las vías dentro del sistema judicial venezolano, los padres de Moreno están dispuestos a acudir a instancias internacionales.