Portavoz Pastor Alape dice que FARC quieren escuchar propuestas de quienes rechazaron acuerdo de paz, pero que decisiones deben ser rápidas.
En Colombia consideran posibilidad de que el Congreso expida leyes para implementar acuerdo de paz o que se convoque una Asamblea Constituyente.
Las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) consideran que el acuerdo de paz firmado con el Gobierno colombiano se debe implementar “rápido” porque quienes plantean una renegociación piensan en las elecciones presidenciales de 2018, según declaraciones de Félix Muñoz, alias “Pastor Alape”, uno de los negociadores del grupo guerrillero.
El portavoz de las FARC dijo que su grupo quiere escuchar las propuestas de quienes rechazaron el acuerdo de paz en el plebiscito del pasado 2 de octubre, pero insistió en que las decisiones deben ser rápidas.
El Gobierno y las FARC protagonizaron un proceso de paz durante casi cuatro años en La Habana, que finalizó en agosto pasado con la divulgación del acuerdo de paz.
El pacto fue firmado el 26 de septiembre por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko” y “Timoleón Jiménez”, pero su implementación quedó en suspenso al ser rechazado por una estrecha mayoría de votantes en el plebiscito.
Santos convocó a todas las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo y salvar el pacto, en especial al partido de derecha radical Centro Democrático, dirigido por el ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, el principal promotor de la campaña por el “No” en el plebiscito.
Los promotores del “No” entregaron al Gobierno sus objeciones sobre distintos aspectos del acuerdo, que serán planteadas esta semana en La Habana a las FARC.
El problema que afecta al acuerdo es más político que jurídico, pues Santos no estaba obligado a convocar a un plebiscito de refrendación.
Entre las alternativas que se plantean para implementar el acuerdo está la reapertura de la negociación para incluir las objeciones de quienes votaron por el “No”.
También se considera la posibilidad de que el Congreso, con mayoría del oficialismo, expida leyes para implementarlo o que se convoque una Asamblea Constituyente.
Alape indicó que lo que posiblemente esté buscando la derecha radical es dilatar el proceso para que coincida con el inicio de la campaña de cara a las elecciones de 2018 y buscar, mediante una Constituyente, una reforma para que Uribe pueda volver a ser presidente, pues la actual Constitución lo impide.
El jefe guerrillero criticó la campaña que hizo el Gobierno a favor del “Sí” en el plebiscito y dijo que las FARC se mantuvieron al margen de la promoción del acuerdo para evitar críticas sobre un posible proselitismo armado.
“La gente miraba un debate entre Uribe y Santos, y no que era el país entero quien necesitaba ganar. Y eso lo aprovechó muy bien el Centro Democrático. Quién sabe si va a pedir asamblea constituyente para volver a la Presidencia”, dijo Alape.
Al referirse a las objeciones de quienes promovieron el voto por el “No”, Alape dijo que muchas de ellas obedecen a “sofismas y falacias”.
Por ejemplo, dijo que el sistema de justicia transicional contenido en el acuerdo garantiza una reparación a las víctimas y castigo para los guerrilleros y miembros de la fuerza pública que han cometido delitos.
Según el portavoz de las FARC, muchos de quienes se oponen al acuerdo lo que buscan es impedir que los agentes de seguridad del Estado respondan ante el tribunal de la justicia transicional porque se verían expuestos ante el país.
“Aquí van a tener que responder los de los ‘falsos positivos’ (ejecuciones), quienes patrocinaron el despojo de las tierras de los campesinos, quienes generaron el desplazamiento en Colombia. Eso es lo que se teme. No solamente Uribe, hay muchos ‘barones electorales’ a nivel regional, y partidos y dirigentes a nivel nacional. Todos los que participamos en el conflicto tenemos que responder”, dijo.
Asimismo, aseguró que el acuerdo no afecta a la familia, como aseguran algunas iglesias cristianas, que exigen que el pacto diga que un núcleo familiar solo puede estar compuesto por un hombre y una mujer y no por dos personas del mismo sexo.
“Este acuerdo no afecta a la familia. Por el contrario, lo que hace es fortalecerla. Por primera vez se incluye la posibilidad de que las mujeres cabeza de familia tengan derecho a la propiedad. Protege a la mujer campesina, que ha sido afectada por la violencia. Pero estamos abiertos a escucharlos”, dijo Alape.
