Restricción a la propiedad privada, amenaza de confiscación, declaratoria de utilidad pública de todos los sectores económicos, violación a la libertad de empresa y a los derechos de los consumidores, son algunos de los preceptos que violan la Ley Orgánica de Precios Justos, según el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, que introdujo en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la solicitud de nulidad del instrumento legal.

“Esta ley no fue consultada, se violó el principio constitucional 112 sobre la libertad económica y se declara de utilidad pública toda la actividad económica independientemente del tamaño de las empresas. También se viola el artículo 115 de la carta magna porque condena a toda la propiedad privada a que esté en manos del Estado. Esta ley impone a qué precio se deben vender los productos y cuánto pueden ganar en márgenes los empresarios”, expuso el dirigente.

Agregó que la ley no solo presenta vicios de nulidad, sino que también cercena los derechos de los consumidores a adquirir productos de calidad y en las cantidades que necesiten.

“En la ley se eliminaron todos los derechos de los consumidores, que quedan solo a merced de las arbitrariedades en la fijación de precios del Estado. Estamos defendiendo con este recurso de nulidad no solo al empresario y al productor, sino también al consumidor”, afirmó Roig.

Señaló que en el país lo que ha habido no es un control de precios, sino una imposición de precios que se han mantenido de forma permanente a costa de la pérdida de los costos de producción, y es lo que ha generado mayor desabastecimiento e inflación. El presidente del gremio informó que en el recurso de nulidad también solicita una medida cautelar: la suspensión inmediata de la aplicación de la Ley de Precios.