La Fiscalía de Ecuador pidió este lunes prisión preventiva para Jorge Glas, investigado penalmente por el caso Odebrecht, lo que convertiría al vicepresidente en el político latinoamericano en ejercicio de mayor rango en ir a la cárcel por los millonarios sobornos de la constructora brasileña.

En una audiencia ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito, el fiscal general, Carlos Baca, solicitó la medida “por encontrarse nuevos elementos de convicción en investigación por asociación ilícita” contra Glas, desde agosto impedido de salir del país.

La resolución del juez Miguel Jurado se espera a partir de las 17H00 locales (22H00 GMT) del lunes.  La Fiscalía solicitó también para el vicepresidente la “prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas”.

El ente acusador cerró el domingo la etapa de instrucción de este millonario caso de corrupción de alcance mundial que en Ecuador involucra a 18 personas, algunas de las cuales ya están siendo juzgadas.

En los próximos días presentará o desestimará cargos contra el vicepresidente. Si le acusa formalmente, pasará a formar parte del juicio por este caso que todavía no ha dejado condenados en Ecuador.

Desde Guayaquil (suroeste), Glas, que se define como el político “más investigado” de la historia de Ecuador, pidió al ente acusador que “exhiba ante el país las pruebas” en su contra. “No se preocupen, no tienen que buscarme, estoy donde siempre. No voy a escapar. Los inocentes jamás huimos”, escribió en Twitter.

“Un proceso político”

A cargo desde 2007 de sectores estratégicos en el gobierno de Rafael Correa y desde 2013 vicepresidente, Glas es acusado por Jose Conceicao Santos Filho, un delator de Odebrecht, de haber recibido sobornos por 16 millones de dólares de la constructora brasileña a través de su tío Ricardo Rivera, en arresto domiciliario y para quien el fiscal también pidió prisión preventiva.

Aliado del expresidente Rafael Correa en su enfrentamiento con el mandatario Lenín Moreno que ha colocado al oficialismo al borde de una ruptura, Glas denunció que este proceso “no es jurídico sino político”.

“¡Esto no es solo contra Jorge Glas! Es parte de un plan organizado para destruir a la Revolución Ciudadana y a Rafael Correa”, agregó Glas, a quien la oposición le endilga responsabilidad en otros casos de corrupción, como el de Petroecuador. Desde que asumió el poder en mayo pasado, Moreno, ahora enemigo político de Correa, inició una cruzada contra la corrupción “de antes, de ahora y de la que pudiera venir”.

Acusado por Correa y Glas de aliarse con la oposición de derecha para terminar con el legado de Correa, el gobernante manifestó hace semanas que “el dedo apunta cada vez más hacia” Glas, a quien le retiró las funciones de vicemandatario.

“No es entendible”

Moreno tiene previsto anunciar este lunes por la noche las preguntas sobre una consulta popular que convocará, entre las que según dijo podría figurar una para suprimir la reelección indefinida promovida por Correa y otra sobre el combate a la corrupción.

El expresidente, quien está radicado en Bélgica, indicó por Twitter: “Respetamos a la Justicia, pero no es entendible lo que está haciendo Fiscalía. ¿Prisión preventiva por ‘nuevos elementos de convicción’?”.

En una reciente entrevista con la AFP, Correa advirtió que la consulta busca inhabilitarle a él y advirtió que si el mandatario “sigue destruyendo lo logrado” podría volver como candidato en una eventual Asamblea Constituyente.

El caso Odebrecht en Ecuador se destapó en diciembre pasado luego de la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que la firma pagó entre 2007 y 2016 unos 33,5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos. Desde entonces, hay una decena de detenidos en el país. Además del tío de Glas, en la lista figura un exministro de Electricidad de Correa y un excontralor.

Odebrecht habría entregado más de 3.000 millones de dólares en doce países de América Latina y África para adjudicarse proyectos o financiar campañas políticas, según confesiones de ejecutivos de la firma. Expresidentes, ministros y funcionarios están en la cárcel en varias naciones latinoamericanas acusados de haber recibido sobornos para favorecer a la constructora en las licitaciones.