Introdujo recurso de interpretación con miras a disolver el partido de Juan Guaidó

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, introdujo un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que se determine si el partido Voluntad Popular (VP) es una organización criminal con fines terroristas y, en consecuencia, sea disuelta.

En el escrito se indica que dicha disolución respondería a lo establecido en otras normativas, como la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, y la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

“No existen precedentes en la historia del país de una organización política que, ante su imposibilidad de acceder al poder por la vía democrática de los votos, migre hacia la violencia terrorista nacional y trasnacional. Y que luego se alíe con una potencia extranjera para bloquear al país, enviar mercenarios y robarse los bienes de la nación en el extranjero para el provecho de sus integrantes. Los dirigentes de Voluntad Popular y sus secuaces han hecho de la agresión al pueblo venezolano su negocio”, manifestó el fiscal, al enumerar los hechos terroristas y criminales que, según sostiene, ha promovido VP.

Igualmente, determinar “si dicha conducta es susceptible de generar, por razones de hecho y de derecho expuestas, responsabilidad en materia penal, civil o administrativa para el partido u organización política Voluntad Popular”.

Partidos opositores respaldan a VP tras señalamientos del MP

Los partidos políticos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT), respaldaron a la tolda naranja, Voluntad Popular (VP), tras las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, de solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una interpretación para determinar su vinculación con presuntas acciones terroristas.

Destacó Unión Radio que por medio de sus redes sociales, las organizaciones  opositoras condenaron esta acción que «atenta contra la democracia de la nación, y permite una posible inhabilitación política».