La fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz informó este miércoles que el joven Juan Pablo Pernalete fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras participaba en una manifestación en Altamira.
En rueda de prensa, la fiscal señaló que la investigación técnica y forense arrojó que Pernalete sufrió un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax que le causó la muerte.
Señaló que tras las experticias realizadas sobre el cadáver, como la inspección técnica forense, levantamientos planímetros del sitio del suceso, la declaración de cinco testigos, el acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión que en el tórax y la presencia de residuos de los elementos que componen la bomba lacrimógena en la franela; determinaron que ese fue el objeto que causó el deceso.
La Fiscal admitió que el objeto contundente fue disparado por la GNB. El Ministerio Público ya conoce cuál es el grupo de funcionarios responsable de disparar los gases ese día, sin embargo aún están determinando al responsable que disparó contra Pernalete. Declaró que en los próximos días esperan concluir quién fue el culpable del asesinato.
Pernalete era un joven de 20 años, estudiante de segundo semestre de Contaduría Pública en la Universidad Metropolitana y becado por excelencia deportiva. Había asistido a cinco manifestaciones en rechazo al Gobierno Nacional y falleció en las adyacencias de la Torre Británica en Altamira, durante una protesta el pasado 26 de abril.
Ortega rechazó que los cuerpos policiales disparen bombas lacrimógenas con escopetas, directamente al cuerpo, pues está prohibido de acuerdo a los estándares nacionales e internaciones. Aseguró que esta práctica es letal.
En ese sentido, exhortó a los jefes de mando de los cuerpos de seguridad a seguir la actuación de sus subordinados así como que se aseguren de que los funcionarios tengan la preparación adecuada para participar en la contención de orden público.
Por otra parte hizo un llamado a los sectores políticos a abstenerse de señalar los móviles de los asesinatos de ciudadanos durante las protestas, pues es competencia del Ministerio Público llevar a cabo las investigaciones y hacer oficial los móviles de los hechos.
Rechazó que los sectores políticos generen matrices de opinión, hipótesis y rumores sobre los casos de jóvenes asesinados durante manifestaciones, pues entorpecen las investigaciones.
Asimismo Ortega Díaz informó que se abrieron siete investigaciones por los civiles detenidos que son juzgados por tribunales militares. La fiscal rechazó esta práctica al asegurar que va en contra de la constitución.
Fuente: El Universal