El director de Discapacidad Miranda, Ricardo González, aseveró que los equipos de apoyo técnico como muletas, bastones, sillas de ruedas y andaderas, han registrado 1.000% de incremento con respecto al año pasado, por lo que aseguró que las entregas de este organismo han mermado en 85%.
“Desde los productos más básicos como un bastón hasta los más específicos como una prótesis, han incrementado. En 2015, una silla de rueda tenía un costo de Bs. 35 mil y hoy llega a los Bs. 169.800. Una andadera la adquiríamos por Bs. 2.800 y hoy está por el orden de los Bs. 70 mil. Los bastones de uno y cuatro puntos en 2015 se encontraban en Bs. 800 y 900, ahora se ubican entre Bs. 8 mil y 9 mil”.
Apuntó que las muletas pasaron de Bs. 800 a 10 mil, y las prótesis auditivas de Bs. 120 mil a 800 mil cada una. “Esta situación ha hecho cuesta arriba el hecho de ofrecer ayudas a niños y adultos con discapacidades auditivas y motoras”.
Detalló que les han llegado solicitudes de planteles estadales y nacionales de alumnos de segundo y tercer grado que presentan condiciones de audición.
Informó que con Bs. 700 mil del presupuesto asignado a la mencionada institución durante 2016, se planificaba hacer una compra de 40 artículos de este tipo, pero tan solo se pudieron adquirir 19. “El alto índice inflacionario nos ha limitado y no hemos podido adquirir más productos de apoyo técnico”.
Dijo que esta realidad afecta a más de mil mirandinos que han solicitado la ayuda. Precisó que se registran más de 600 solicitudes de sillas de ruedas, 300 de andaderas y 220 de muletas.
Sin embargo, adelantó que a través de la responsabilidad social empresarial se realizan gestiones para la búsqueda de estos insumos.
Afirmó que la escasez que atraviesa el país también ha incidido en el sector que se dedica a la fabricación de equipos para personas con discapacidad.
Indicó que los pocos productos que hay en el mercado, se consiguen con sobreprecio, por lo que explicó que la Gobernación de Miranda, por normativa, debe adquirir estos rubros a precio justo. “Los proveedores prefieren venderlos a terceros a elevados costos que a entes públicos”./ac/
