Durante la cuarentena dieron licencias “especiales” a comercios que no vendían alimentos

RONALD PEÑARANDA

El otorgamiento de permisos especiales a varios comercios de Los Teques que no venden alimentos y que durante la cuarentena social decretada tras la emergencia del Coronavirus empezaron a expender comida, fue una de las presuntas irregularidades detectadas en la Direccción de Hacienda de la Alcaldía de Guaicaipuro.

La semana pasada la mandataria local, Wisely Álvarez, destituyó al director de la dependencia Omar Matamoros y desde entonces ella misma está al frente de la oficina que actualmente atraviesa por un proceso de intervención.

Una fuente digna de todo crédito reveló al diario Avance que las licencias que dieron de manera ilegal desde medidos de marzo fueron derogadas.

“Investigan sobre los pagos que hacían los comerciantes y que no iban a las arcas municipales sino a los bolsillos de unos cuantos”, destacó.

“La Alcaldesa está metida de lleno en esa oficina, e incluso despacha desde ahí. Con esto busca conocer en profundidad el sistema de recaudación, la metodología que se utiliza y el personal que presta sus servicios allí”, manifestó un informante.

Dijo que por ahora no van a nombrar a ningún director, “porque no se trata de designar un director por designarlo, porque todo el que asume esa responsabilidad se contamina. Hay que atacar los vicios desde la raíz. Se deben acabar las roscas y las gestorías. Ella (la jefa municipal) prevé que al culminar la cuarentena se haga el relanzamiento de la dirección”.

Además apuntó la fuente que paralelamente trabajan en la optimización del sistema tecnológico y una nueva modificación de la Ordenanza de Actividades Económicas.

Desde que asumió Álvarez en diciembre de 2017 hasta la fecha, por Hacienda han pasado tres titulares Eliézer Ruiz, Juan Carlos Becerra y Omar Matamoros.

Cabe destacar que la intervención se extiende a Catastro, donde también persisten supuestas hechos ilícitos.

En mayo de 2019,  Catastro fue objeto de una medida similar, luego de que se presentaran casos de matraca, extorsión. En aquella oportunidad usuarios denunciaron el cobro de 80 dólares por una cédula catastral.

“Se desarrollará una averiguación y una auditoría interna para combatir a los gestores que extorsionan y promueven la corrupción”, declaró en ese momento la burgomaestre./RP / Foto: Kelvin Izquierdo