El ex presidente de Ecuador Rafael Correa, quien vive en Bélgica desde que terminó su mandato, el año pasado, fue llamado a juicio en su país por estar supuestamente implicado en el secuestro de un opositor en 2012 en Colombia, anunció el miércoles la jueza Daniella Camacho.
De todos modos, Correa -en libertad a pesar de que afronta desde julio una orden de prisión preventiva- solo será enjuiciado si es llevado ante un tribunal, pues la ley impide su juzgamiento en ausencia por ese presunto delito, castigado con hasta siete años de cárcel.
El caso se remonta al 13 de agosto de 2012, cuando cinco individuos retuvieron al político ecuatoriano Fernando Balda en una calle de Bogotá, donde vivía desde 2010, y lo metieron a golpes en un vehículo. El objetivo de la acción, según la investigación, era trasladarlo a la frontera con Ecuador y entregarlo a agentes de ese país. Sin embargo, un taxista bogotano que vio la acción alertó a la policía y los secuestradores abandonaron a Balda, quien denunció el hecho ante la Justicia colombiana.
Balda era un entusiasta militante del movimiento Alianza País (AP) que llevó al poder a Correa en 2007. Llegó a convertirse en hombre de confianza del ex gobernante y fue integrante de la Asamblea Constituyente convocada por Correa a inicios de su gestión. Sin embargo, Balda denunció alteraciones al nuevo texto constitucional hechas en el despacho presidencial, lo que le valió un juicio en su contra por injurias y una sentencia de prisión, que evadió trasladándose a Colombia.
En el marco del juicio en Colombia contra los secuestradores de Balda, que fueron condenados a cinco años de prisión, éstos declararon que cumplían una misión en coordinación con agentes ecuatorianos de la Senain, organismo adscrito y bajo mando de la presidencia de la República de Ecuador.
El llamado a juicio contra Correa, que incluye a dos ex agentes que están detenidos y a Pablo Romero, ex jefe de la secretaría (ministerio) de Inteligencia que se encuentra en España, fue anunciado por Camacho, a cargo de una sala penal de la suprema Corte, con sede en Quito.
La justicia mantiene además circular roja de la Interpol -que aún no responde- con fines de extradición para Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, y considera que es víctima de una persecución política del oficialista Lenín Moreno, su sucesor y ex aliado, ahora enemigo político.
Debido a que Correa y Romero están prófugos, la magistrada ordenó la suspensión de la etapa de juicio para ambos hasta que sean capturados o se presenten ante la autoridad.
“Yo no espero absolutamente nada de la justicia ecuatoriana”, declaró el ex gobernante a la cadena Telesur minutos antes de que la jueza se pronunciara en una aplazada audiencia, que debía celebrarse el 23 de octubre. Y agregó: “Yo mismo me sorprendo de lo profundamente en paz y sereno que estoy conmigo mismo”.
Fuente: Agencias
