“La señora María Isabel Alfaro de Chacín no es la dueña de la finca Agropecuaria Lagunetica, pues la legítima propietaria es María Providencia de Pocaterra, tengo como demostrar que no le pertenece a ninguno de la familia Chacín”.
De esta forma se expresó Nurys Pereira, quien junto a su esposo, hijos y nietos fue desalojada del espacio de 33 hectáreas, el pasado martes 20 de agosto, durante un procedimiento que llevó a cabo el Ministerio Público con el apoyo de un grupo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
“Llegaron a quitarnos la vida. Los policías nos apuntaron con sus armas, mientras que el fiscal César Fernández les decía a ellos que me pusieran las esposas. Los uniformados agredieron físicamente a mi esposo, también golpearon en la cabeza a mi hijo de 14 años. A una de mis hijas que tenía pocos días de que le hicieron una cesárea también la atropellaron”, afirmó en diálogo con Avance.
En total evacuaron a 14 personas, 8 adultos y 6 menores edad. “Fue una acción ilegal, arbitraria. Hubo abuso, exceso policial”.
Al ser consultada sobre el proceso judicial que se le sigue, confirmó que ella, al igual que su abogada y otro ciudadano quedaron detenidos aquel día. El jueves 22 se efectuó la audiencia de presentación, donde el Tribunal Cuarto de Control dictó medidas cautelares.
En el caso de ella le otorgaron libertad condicionada, debe presentarse al juzgado cada 30 días, mientras que a los otros les dieron libertad plena.
Recalcó que está procesada por presunto porte ilícito de arma y obstrucción a la justicia. El delito de invasión lo “tumbó” el juez por “considerar que nunca existió. No somos invasores”.
También negó haber tenido un arma de fuego en la finca y dio a entender que se la “sembraron” para perjudicarla. “Todo eso está en averiguación. Soy inocente”.
“Me dieron una casita”
Cuando se le preguntó por su llegada a esa propiedad, detalló que lo hizo en 2017, a través del encargado de la finca de ese momento. “Mi esposo trabaja allí, vivíamos alquilado en otra parte y nos dieron una casita para vivir ahí. Comenzamos a hacer varias labores porque eso no tenía vialidad, ni caminerías”.
“Al empezar a hacer unos movimientos de tierra apareció un tal Pablo González, esposo de Anabella Chacín, hija de María Isabel Alfaro Chacín. Ellos se identificaron como los dueños. En 2020 yo pasé a ser socia del señor Pablo. Firmamos un convenio para ejecutar un proyecto agrícola”.
A su juicio el desarrollo agrícola que incluía la siembra de tomate, cilantro, cebollín, ají, caraota, maíz, aguacate, lechosa, entre otros rubros, al igual que un criadero de cochino, pollo y pato sí se materializó.
Subrayó que durante la vigencia del convenio, que era de un año, surgieron varios inconvenientes que originaron conflictos que persisten hasta el día de hoy. Apuntó que logró hacer una inversión de 50 mil dólares.
Jesús Ramírez, también abogado de Nurys Pereira, declaró: “Se excedieron en utilizar la vía penal cuando debieron usar la vía civil. No se deben utilizar los órganos jurisdiccionales para hacer desalojos de este tipo que son arbitrarios. Eso está prohibido por una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ”.
