Desinformación e incertidumbre son los grandes protagonistas entre los casi seis mil clientes que esperan respuestas sobre la presunta estafa. En 72 horas prometieron que les darán los resultados de la fiscalización
Desinformación, incertidumbre y mucha preocupación continúan siendo los grandes protagonistas entre los más de mil clientes del concesionario La Venezolana, que desde la noche del domingo se apersonaron en las instalaciones de la empresa, en el kilómetro 9 de la Panamericana, a fin de conocer su situación luego del anuncio de intervención hecho este sábado por el Gobierno nacional.
En el concesionario había varios empleados; el capitán Armando Escobar, encargado del Área de Defensa Integral de los Altos Mirandinos; una fiscal de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) de los Altos; dos fiscales de la Presidencia de la República y varios efectivos de la Guardia del Pueblo (GP) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Muchos usuarios de la red social Twitter informaron sobre la tranca en ese tramo de la importante arteria vial, pues obstaculizaron uno de los canales, situación que generó fuerte retraso que se extendió hasta el mediodía en sentido Los Teques-Caracas.
Alrededor de las 10:30 am, permitieron el ingreso de 13 clientes que en nombre de los afectados serían informados acerca del proceso de fiscalización. Según Hernán Díaz, uno de los integrantes de la comisión, “el Gobierno está evaluando la presunta estafa y en 72 horas nos darán respuestas. Sobre los carros, dijeron que una posibilidad era tomar las instalaciones y darle continuidad al trabajo que venía realizando la empresa, especialmente con relación al traslado desde China”.
“Aún así, lo que nos expresaron fue su intención de respondernos por nuestros vehículos. De los dueños no quisieron revelarnos su identidad por seguridad, pues al parecer a uno de ellos le intentaron quemar su vivienda”. Díaz puso a disposición de los afectados su correo electrónico hernandiazr@gmail.com, con miras a organizarse y obtener una respuesta satisfactoria en los próximos días. Mientras que otro participante de la comisión, que prefirió no identificarse, expresa que la junta interventora inició la fiscalización el sábado, cuando tomaron las instalaciones. “Nos aclararon que la compañía tiene dos multas; una porque había comenzado a operar en mayo, cuando la licencia se la dieron en diciembre; y la otra es por evasión de varios impuestos”.
Agrega que la directiva presentó una copia de una factura por la compra de 8.000 vehículos; sin embargo, el equipo fiscalizador está a la espera del documento original, lo que descartaría la estafa. “De esos, 5.000 estarían en Panamá y los otros vendrían en tránsito. Una vez que corroboren que todo está legal, los sancionarán por los retrasos e irregularidades, pero permitirán que sigan trabajando. Si determinan que es una estafa, el Gobierno tomará el control”.
“Ellos dicen que responderán por el dinero y por las unidades, pero no tienen fecha prevista para la llegada de los carros. Hay que esperar que ellos se reúnan con el Estado y obtengan todos los permisos necesarios para completar la llegada del cargamento al país”, declara Carlos Carpio a su salida de la reunión.
Relata que junto a unos 14 usuarios sostuvo un encuentro con los responsables de la empresa el 7 de abril, momento en el cual se comprometieron mediante un acta a entregar los vehículos a mediados de mayo. “Hasta ahora no está comprobado que haya estafa; pero sí tienen algunos inconvenientes con el Gobierno por evasión fiscal”.
Afectados exigen claridad en el procedimiento
“¡Queremos nuestros carros! ¡Pedimos hablar con los dueños, no con militares! ¡No nos dejaremos engatusar!”, fueron algunas de las expresiones que desde afuera de la empresa gritaban los desesperados clientes, cuyo clamor general era obtener de una vez por todas sus carros.
José Gregorio González: Pagué 184.000 en noviembre y me dijeron que en tres meses me entregaban el auto. En un mes me llamarían para preguntarme cuál color quería y ya llevo seis meses esperando. El lunes 12 de mayo, me presenté para resolver lo del seguro y me dijeron que el 15 me lo daban. Lo único que me dieron a mí fue un recibo.
González no se explica cómo el Gobierno asegura que no sabía nada de esta empresa, cuando esta es el patrocinante oficial de los Juegos Suramericanos de Playa Vargas 2014, tal y como lo anuncia en su página en Facebook, en la que también informaron que seguían trabajando en San Antonio y Valencia pese a la intervención del Gobierno. “Además, se hacen publicidad en varios diarios, en radio y demás. Incluso estuvieron en una exhibición en Fuerte Tiuna. ¿Cómo después de un año estafando al pueblo, el Gobierno dice que no sabía de ellos?”. “Un militar se nos acercó a decirnos que estamos guarimbeando, pero aquí nadie está pendiente de la política, lo que queremos son nuestros carros. Esa plata es fruto de nuestro esfuerzo, muchos tuvieron que vender propiedades y hasta pedir prestado”.
Betsabe se a que muchos usuarios de la red social Twitter informaron sobre la tranca de ese tramo de la importante arteria vial, lo que Sevilla, de Coro: “Me vine ayer desde las 7:00 pm. Dormimos en el carro con tal de saber qué pasará con nosotros, pero lamentablemente nadie nos dice nada concreto. Quiero mi carro, y por él pagué 169.000”.
Sandra Guevara, de Caracas: Somos 5.000 usuarios que queremos respuestas, muchos vienen desde Táchira, Mérida, Barinas, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz Aquí tenía que estar el Seniat a primeras horas de la mañana. Tenemos un año esperando, y ahora nos piden 72 horas más. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar?.
Miguel Pérez: Di 164.000 y me lo prometieron para abril. Estoy esperando a ver qué pasa pues el ministro habla una cosa y aquí dicen otra. No se sabe nada concreto. Yo quiero mi carro, no un dinero que ya está devaluado. Muchos creemos que el Gobierno quiere quedarse con varios vehículos. Si fuera estafa, no podrían devolver el dinero.
Marialba Sánchez, de Cúa, pide que la empresa se haga responsable por los Bs. 220.000 que pagó por concepto de inicial, luego que supo de la oferta de la empresa por la televisión. Mientras que Geidis Carbono, de Maracay, pagó tres vehículos de contado (Bs. 1.334.000), razón por la cual exige claridad en el procedimiento que inició el Gobierno el sábado.
Gobierno abrió proceso judicial
Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior para la Economía, fue el encargado de dar a conocer el procedimiento judicial que el Ejecutivo central ordenó al concesionario La Venezolana por oferta engañosa de vehículos que no tienen en existencia. “Los clientes obtienen prácticamente un recibo, lo que da a entender que el 30% de inicial que pagaron equivale a la compra de un cupo. Aquí estamos viendo la estafa, los carros no están en Venezuela, tampoco tienen la autorización ni el crédito para traerlos, por eso no se sabe a ciencia cierta cuándo llegarán”. El ministro también informa que los carros que tenían en exhibición habían entrado a Venezuela con permisos turísticos y la empresa tenía presencia publicitaria en medios de comunicación y usaba la figura del Gobierno para mercadearse./Amy Torres/sa/Foto: Eduardo Aguilar
