La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presentó el 22 de septiembre de 2025 un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, concluyendo que la represión en Venezuela se intensificó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, configurando el crimen de persecución por motivos políticos, clasificado como de lesa humanidad.
El documento detalla que, ante las protestas por los resultados del Consejo Nacional Electoral, el gobierno de Nicolás Maduro desplegó “los métodos más duros de su maquinaria represiva”, incluyendo 25 asesinatos durante manifestaciones entre el 28 y 30 de julio (22 coinciden con datos del Ministerio Público, que reporta 28), más de 2.200 detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual.
La abogada portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la Misión, destacó que la persecución persiste en 2025 contra defensores de derechos humanos y libertades, con muertes bajo custodia estatal.
El informe subraya que estas acciones forman parte de una estrategia sistemática de represión política, violando derechos fundamentales y generando un clima de miedo para silenciar la disidencia, en un contexto de crisis política y social tras las cuestionadas elecciones. La Misión urge a la comunidad internacional a abordar estas violaciones y garantizar justicia para las víctimas.
