Piden explicación por el nuevo falso positivo

La Procuraduría colombiana (Ministerio Público) pidió explicaciones al Ejército sobre el operativo militar realizado el pasado lunes en el municipio de Puerto Leguízamo, en el sur de Colombia, en el que el Gobierno aseguró que habían dado de baja a 11 disidentes de las FARC, pero la comunidad denunció que eran civiles y líderes comunitarios.

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el lunes que en “operaciones de nuestra Fuerza Pública, se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo), con una mujer embarazada entre los capturados.

Sin embargo, los reportes que han llegado de la zona desde entonces preocupan a las organizaciones sociales que temen que se trate de una masacre, e incluso de un nuevo caso de «falsos positivos», más que de un operativo militar contra las disidencias.

Las organizaciones sociales denuncian que entre los abatidos se encontraba Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) El Remanso, y su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, y otras dos personas.

 “Resulta entonces necesario recordar que los ataques contra población civil se encuentran proscritos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, aludió la Procuraduría en la carta enviada al comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro.