El 16 de julio, el secretario general de la OEA -Luis Almagro- solicitó al presidente del Consejo Permanente, el brasileño José Luiz Machado e Costa, la convocatoria urgente de una sesión del organismo, amparada en la Carta Democrática, para analizar la “alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático” en Venezuela.

El pedido de Almagro aún no ha sido atendido, mientras los miembros de la OEA estarían en espera del 30 de julio, la fecha para la cual está prevista la elección de una asamblea nacional constituyente en Venezuela.

Este viernes, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay solicitaron que -el 26 de julio- la OEA revise nuevamente la situación de Venezuela.

Las elecciones para la asamblea constituyente se realizarían bajo el estado de excepción y suspensión de garantías constitucionales que impera en Venezuela desde enero del 2016 y que fue confirmado por un decreto emitido por Maduro el 13 de julio.

Las elecciones han sido militarizadas al extremo que los centros de votación fueron declarados “zonas de seguridad” con perímetro de 500 metros.

Los países que han impulsado el tratamiento del “tema Venezuela” en la OEA han descartado insistir por ahora en ese escenario, mientras la opción de sanciones unilaterales o grupales contra el gobierno de Maduro gana cuerpo en conversaciones diplomáticas que han incluido a varios gobiernos europeos.

En paralelo, estarían corriendo varias iniciativas que intentan crear algún mecanismo para promover una negociación entre el gobierno y la oposición en Venezuela, la cual dependería de la suspensión de las elecciones para la asamblea nacional constituyente.

Fuente: El Nacional