El director de Justicia Racial y Económica de Texas Civil Rights Project, Efrén Olivares, confirmó que este viernes “por primera vez”, tras la orden ejecutiva emitida por el presidente de EEUU, Donald Trump, que ningún padre migrante “al que se le atribuyeron cargos penales” fue separado de sus hijos.
El abogado explicó que tanto él como su organización acuden día a día, desde el pasado 24 de mayo, a la Corte federal de McAllen (Texas), a unos 11 kilómetros de la frontera con México, para apoyar a las familias inmigrantes que son juzgadas por tratar de entrar en Estados Unidos de forma irregular.
Sin embargo, Olivares matizó en una conferencia de prensa a las puertas del tribunal que, a pesar de que no se producen separaciones de hijos y padres, todavía hay casos relacionados con otros lazos familiares, como es el caso de dos hermanos, en el que uno de ellos es menor de edad.
Por tanto, desde su organización insisten en que debe continuar el trabajo para “confirmar” que la orden ejecutiva por la cual los menores indocumentados en lugar de ser separados, como ocurría desde abril, son retenidos indefinidamente junto a sus familias es un hecho real.
“Queremos estar seguros de que el cambio en la política se mantiene de verdad y no porque, como algunas autoridades afirman, se ha parado la separación familiar debido a que no hay más capacidad en los centros”, dijo el abogado.
Según fuentes oficiales, en la jornada de este jueves El Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) solicitó al Departamento de Defensa de Estados Unidos que estudie la posibilidad de acoger a unos 20.000 niños inmigrantes no acompañados en bases militares.
