La contundencia de las cifras de fuentes oficiales demuestra el fracaso del modelo económico que el gobierno pretende implementar y cuyas consecuencias sufre hoy el pueblo de Venezuela.

Lo más preocupante para esta fecha, es que la situación que vivimos el gobierno pretende superarla con medidas administrativas y con retoques efectistas, pero sin rectificaciones profundas a las causas de este evidente fracaso. En nuestra opinión no será posible recuperar la credibilidad en la política económica del gobierno, sino comienza por manejar las finanzas públicas de acuerdo a las normas constitucionales sobre la materia, y continúa en la conducta de administrar buena parte de los ingresos del país a través de mecanismos extra constitucionales como lo son los fondos parafiscales, entre los cuales destacan el Fondo Chino y el Fonden, en donde hay un manejo de miles de millones de dólares sin estar sometidos al control Constitucional, y sin que el pueblo de Venezuela conozca cómo se administran esos recursos, que en muchos casos se han utilizado para financiar proyectos en el exterior, y también con la emisión de dinero sin respaldo con la finalidad de financiar déficits de empresas públicas, en violación del Artículo 320 de la Constitución; a través de este mecanismo se han financiado miles de millones de bolívares para cubrir déficits de PDVSA, quien entrega papeles por los cuales el BCV emite dinero inorgánico, que al entrar en circulación se convierte en uno de los principales factores que impulsan la inflación, o sea, el alto costo de la vida.

Es difícil explicarse cómo PDVSA que tiene un costo de producción por barril de unos 20 dólares, los vende a 100 dólares, y sin embargo se ve obligada a maniobras monetarias en contra del interés nacional con el fin de cubrir sus déficits, lo que nos da una idea de lo que está ocurriendo dentro de tan importante empresa para la economía nacional.

A ello se le agrega el hecho generalizado, de la falta de transparencia en la administración de los recursos de todos los venezolanos, lo cual causa efectos sicológicos devastadores en la necesaria confianza que debe generar una política económica sana; la rendición de cuentas claras es sustituida por el secretismo, como si se tratara de recursos personales del grupo gobernante, lo que se puede comprobar en casos como: el de Fonden que lleva 2 años sin publicar sus balances; el mismo secretismo ocurre con las empresas de Guayana que cada día están en peores condiciones; también en los miles de millones de dólares invertidos en el Sector Eléctrico mientras los apagones continúan; lo que se ha invertido en las empresas expropiadas que hoy están en lamentable situación; todo lo cual, junto a los resultados en el manejo de cuantiosos recursos como los administrados por el gobierno nacional, genera dos elementos muy negativos para la creación de un clima favorable a la recuperación económica, como lo son la desconfianza y la incertidumbre. Mientras no se demuestre la voluntad de rectificar estos procedimientos inconstitucionales y la falta de transparencia en el manejo de los montos y destino de los recursos públicos, esa percepción negativa se mantendrá y crecerá.

La crisis económica de la Venezuela actual, no se resuelve con medidas cosméticas, o con el anuncio de medidas efectistas, como la declaración de zonas económicas especiales sin saber cómo se van a ejecutar esos proyectos, para luego convocar asambleas en los respectivos lugares para oír opiniones lo que demuestra que es una improvisación; ni con extensos programas televisivos ante los acreedores de la Administración Pública Nacional, quienes se ven obligados a soportar esos monólogos para preservar las esperanzas de que el gobierno cumpla con sus compromisos, para que a su vez sus acreedores externos o internos les mantengan sus líneas de créditos.

Cuando hablamos de rectificaciones profundas en la política económica del gobierno, no nos referimos a temas ideológicos, sino a que asuma las normas universales de un manejo profesional y transparente por parte de cualquier gobierno en el mundo democrático respetando la Constitución, independientemente de la posición ideológica de quienes dirigen el respectivo país, de manera tal que las sospechas sobre incapacidad o corrupción no sea lo que flote en el ambiente.

El actual rumbo de la política económica del gobierno condena al pueblo de Venezuela a que sea quien pague la factura del fracaso de esa política, y esa factura se expresa actualmente en escasez, alto costo de la vida, y deterioro progresivo de la capacidad adquisitiva del salario. Lo más común en nuestro país actualmente son las colas y el no hay. Y los productos a precios regulados solo se consiguen en la Gaceta Oficial./Omar Barboza Gutiérrez diputado AN/omarbarboza1@cantv.net

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