La sala 8 de la Corte de Apelaciones de Caracas anuló la absolución del sargento Arli Méndez, acusado por el homicidio del joven David José Vallenilla, ocurrido en agosto de 2017 frente a la base aérea de La Carlota durante una protesta antigubernamental.

La decisión, publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó un nuevo juicio oral y se mantenga la privativa de libertad contra el sargento de la Aviación. La Corte señaló que este nuevo proceso responde a que la abogada María Alejandra Poleo no pudo representar «de forma continúa» a la víctima, debido a las trabas del Tribunal 15 de juicio.

Por ello, se ordena también que este nuevo juicio deberá ser conocido por otro Tribunal distinto al que manejaba la jueza Kenia Carrillo, sobre quien el Ministerio Público anunció una investigación penal por «conducta impropia», tras publicar la sentencia que absolvía al militar de los delitos de homicidio calificado y uso indebido de arma orgánica en perjuicio de David Vallenilla.

La Corte de Apelaciones también decretó con lugar la apelación hecha por la abogada Poleo, tras el desistimiento de la querella judicial hecha para representar a David Vallenilla padre del occiso, en su carácter de víctima indirecta.

La decisión del Tribunal 15 de Juicio, el pasado 27 de septiembre, causó el rechazo de abogados y la sociedad civil a través de las redes sociales, debido a que el asesinato del joven estaba claramente registrado en vídeo.

En su sentencia, la jueza Kenia Carrillo aseguró que no habían suficientes pruebas que demostraran la culpabilidad del sargento de la Aviación pues, a su juicio, no quedaba del todo establecido que el militar accionó su arma contra David Vallenilla.

La abogada María Alejandra Poleo explicó que durante el juicio, que duró poco más de ocho meses, se presentaron poco más de 60 pruebas y testimonios, incluyendo las experticias balísticas -hechas por el Ministerio Público- que demostraban que el arma utilizada por el sargento Arli Méndez fue accionada con munición que no estaba autorizada para la contención de manifestaciones.

El 28 de septiembre, la Fiscalía venezolana anunció que iban a apelar la decisión, acción que se materializó el pasado 30 de septiembre. Tarek William Saab ha insistido en que la decisión de la jueza Carrillo no tiene lógica, debido a que el mismo abogado defensor del sargento reconoció lo ocurrido durante el juicio, al admitir que su cliente «actuó en defensa propia pero tal vez de forma excesiva».

Defensores y activistas de derechos humanos han reseñado que la rápida actuación en el caso Vallenilla responde a los intentos del Ministerio Público para echar por tierra los señalamientos del último informe de la Misión de Determinaciónb de Hechos sobre Venezuela, donde se habla de una complicidad del sistema judicial para garantizar la imúnidad en violaciones graves a los derechos humanos.

Además, el fiscal Saab alegó que Venezuela no necesita de la intervención, a través del principio de complementariedad, de un organismo como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para garantizar derechos humanos en el país. Dentro de esa instancia está pendiente una decisión de avanzar hacia una investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, cometidos por Nicolás Maduro y otros señalados de su gabinete.