Un nutrido grupo de funcionarios de la Gobernación expresó su descontento con la VII Convención Colectiva firmada en diciembre del año pasado, porque la mayoría de beneficios comenzarán a disfrutarlos en 2018 y 2019.

Miguel Lezama, vocero de los trabajadores, responsabilizó a la directiva del Sindicato Unitario de Empleados Públicos (Sunep-Miranda) de haber firmado una contratación apresurada sin ajustarla a la realidad actual.

“Para colmo se basa en puros bonos, es decir, pan pa’ hoy y hambre pa’ mañana. Estas bonificaciones no tienen incidencias en las prestaciones sociales, que es el patrimonio del personal y su familia”.

Recordó que a cada uno le descontaron el 4% del bono único de Bs. 40 mil, lo que significa que les pagaron Bs. 38.600 y les quitaron Bs. 1.400.

“Esto no se justifica por lo ínfimo que es, todos nos preguntamos qué se compra uno con ese poquito de dinero”.

Aseveró que la cláusula de antigüedad que es protegida por la Ley Orgánica del Trabajo queda vulnerable en la actual convención “y ese es otro motivo de preocupación”.

“El gobernador Henrique Capriles tiene toda la intención de mejorar las condiciones socioeconómicas de sus trabajadores, muestra de ello es que fuimos incluidos en los programas sociales del Ejecutivo regional, así como la iniciativa de estar por encima del salario mínimo nacional, pero se encuentra con un sindicato complaciente, pasivo”./RP/ac

Miguel Lezama, vocero de un grupo de empleados

Foto: Gabriel Ordóñez