Amnistía Internacional Venezuela solicitó a la Asamblea Nacional, la creación de un código, para facilitar al Sistema Judicial contar con un marco legal que permita procesar a los responsable por crímenes de lesa humanidad.

Entre estos crímenes especifican: la persecución por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género; la esclavitud, el traslado forzoso de la población, la prostitución forzada o el apartheid.

Sugieren que el instrumento legal facilite la cooperación con la investigaciones y juicios que adelanten tribunales extranjeros,  permitiéndoles recopilar información sobre los crímenes que se hayan cometido en territorio venezolano.

Este sentido propusieron el proyecto denominado Código de Derecho Penal Internacional (Codepi) y estaría fundamentado en la aplicación del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional de la Haya, firmado y ratificado por Venezuela –primer país de Iberoamérica en hacerlo y 11° en ratificarlo –, de manera que lo especificado en el Estatuto esté reflejado el derecho interno, y existan todos los mecanismos de cooperación internacional necesarios para una verdadera justicia internacional.

Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela enfatizó:

“La legislación venezolana debe adaptarse a los compromisos internacionales suscritos por el país con el fin de atacar la impunidad a futuro, y que de una vez por todas se haga realidad lo establecido en el artículo 23 de la Constitución que reza que los pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno”.