28/07/15.- Miembros del consejo comunal de la etapa 3 de la urbanización Alto Verde expresaron su malestar por la adjudicación de 20 apartamentos del edificio 7 que están a punto de concluir.
Los vecinos trancaron el portón e impidieron el ingreso de los obreros como medida de protesta.
Anabella Rodríguez, representante del poder popular, señaló que el extinto Fondo de Desarrollo Urbano (Fontur) comenzó a construir los inmuebles al inicio de la década del 2000, pero en 2006 paralizaron los trabajos, y hace dos años fueron retomados a través del Instituto Nacional de Vivienda (Inavi).
Informó que existen nueve familias que poseen la asignación, pues pagaron una cuota inicial en la época de Fontur. “Esas personas tienen todos los documentos al día; sin embargo, les quieren desconocer sus derechos”.
Manifestó que están disponibles 11 apartamentos que deberían ser entregados a ciudadanos que viven viven allí mismo en el conjunto residencial en condición de arrimados y en hacinamiento.
Los habitantes temen que lleven a gente de otras comunidades o provenientes de refugios y se repita la historia de la etapa 5, donde han ocurrido hechos de violencia que han dejado como saldo tres homicidios.
Edgar Lares, vocero de la Unidad Ejecutiva, exigió la presencia de Julio Salazar, directivo del Inavi. “Para que nos dé una explicación sobre las asignaciones. Queremos saber a quiénes traerán para acá”.
Agregó que la semana pasada se trasladaron hasta una oficina del organismo en los Valles del Tuy, pero el funcionario no los atendió. “Ahora pedimos que él venga para acá. Si no lo hace, mantendremos cerrado el portón”.
Recalcó que recientemente el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, habló de la participación de los consejos comunales y demás organizaciones sociales en la toma de decisiones en los urbanismos, “y queremos que se nos tome en cuenta a la hora de determinar a cuáles personas entregarán esos inmuebles”.
Thais Torres, de Contraloría Social, enfatizó que están ignorando el artículo 59 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la cual establece que los órganos y entes del Estado, en sus relaciones con estas agrupaciones, darán preferencia a la atención de los requerimientos que estos formulen y a la satisfacción de sus necesidades.
Por: Ronald Peñaranda
