Desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) se extendió una solicitud al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) para revisar los montos para el registro de viviendas, ya que podrían estar sobreestimados.

Roberto Orta, presidente de CIV, aseguró que la Ley de Registros y Notarías establece un porcentaje máximo por el servicio público de la inscripción del documento donde se transfiere la propiedad equivalente al 2%.

No obstante, en la práctica, el monto se calcula entre el 5 % y 40 % del costo de la vivienda, acotó.

Aseguró que los registradores siempre han tenido la potestad de estimar el valor de la vivienda para evitar la evasión del arancel.

“Pero lo que está pasando es lo contrario, se está sobreestimando el valor de la vivienda a los efectos del arancel de registro y se hace inaccesible”, expresó.

Resaltó que registrar la propiedad se convirtió en el servicio público más costoso que tienen los ciudadanos actualmente. “Además, los venezolanos deben realizar la compra sin poder acceder a financiamiento”, con información del diario 2001.