El gobierno venezolano manifestó su rechazo a la inclusión de Gustavo Petro en la lista de sanciones de la OFAC, argumentando que son una agresión política contraria a la ONU

El pasado 24 octubre por medio de un comunicado difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, el gobierno de Venezuela manifestó su rechazo a la designación impuesta a Colombia por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos luego de que el Presidente Gustavo Petro, su familia y altos funcionarios de su administración fueran incluidos en una lista de sanciones.

A través del comunicado se expresa que estas medidas son ilegítimas, arbitrarias y neocoloniales, representando una agresión política que violan el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, condenados por instancias como la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos y relatores especiales, por atentar contra la soberanía y los derechos humanos.

En defensa del mandatario colombiano, Venezuela asegura que el presidente Petro es el “único mandatario colombiano que ha enfrentado de manera directa al narcotráfico y a sus redes vinculadas con mafias políticas”. Esta declaración sugiere que las sanciones serían una represalia por su política antidrogas y su postura independiente frente a Estados Unidos.

El gobierno venezolano exige “el cese inmediato de estas acciones de presión ilegal, que van en contra del Derecho Internacional y convoca a los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe a defender la soberanía y la dignidad frente a toda forma de injerencia”.