Autoridades buscan reubicar a damnificados en el urbanismo
RONALD PEÑARANDA
Al menos seis apartamentos de varias etapas del urbanismo de Alto Verde fueron sellados, situación que ha generado alarma entre los residentes de los 44 edificios.
En las rejas pegaron una comunicación con el siguiente texto: “Se cita al habitante del inmueble de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que debe comparecer cualesquiera de los días 24, 27 y 28 de septiembre de 2021 a las 10:00 am, a la sede del Instituto de Vivienda Miranda, ubicado en el Centro Seguros La Paz, en ocasión a la continuidad del procedimiento administrativo de regulación de vivienda de interés social. Convocatoria librada en la ciudad de Caracas, a los 23 días de septiembre de 2021”.
El documento está firmado por el abogado Gabriel Eleazar Hernández, consultor jurídico del Instituto de Vivienda.
Manuela Ortíz, vecina, declaró al Diario Avance, que el jueves se presentó una comisión integrada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Gobernación y la Alcaldía de Guaicaipuro, quienes alegaron que la intervención obedece a que esos apartamentos no están siendo ocupados.
“Nosotros tenemos tres meses con las bombas de agua dañadas, nos ponen el servicio cada trece o catorce días, entonces muchos acá que trabajan en Caracas se están quedando allá a raíz de este problema, pero esto no quiere decir que abandonaron sus casas”, manifestó.
Dicen ser propietarios
Otra lugareña, indicó que la mayoría de las familias han pagado en su totalidad sus apartamentos. “Hay cinco torres de las etapas cinco y siete que pertenecen a la Gran Misión Vivienda, “el resto somos propietarios, que venimos de cuándo esto era del extinto Fondur”.
Subrayó que este viernes se presentaron en el sitio uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). “Lo que se escuchó es que esa gente vino porque los mandaron a buscar techo para los damnificados del desbordamiento del río San Pedro, concretamente residentes de Santa Eduvigis que están refugiados en la Universidad Simón Rodríguez”.
La última vez que ocurrió una situación similar fue en diciembre de 2020. “Éstas prácticas ponen en zozobra a la comunidad, además son arbitrarias porque no cuentan con la supervisión de las estructuras de base electas por el poder popular”.
Este medio de comunicación intentó buscar la versión de los organismos involucrados en los procedimientos, pero los contactados indicaron que no están autorizados para declarar a la prensa.
