414 uniformados fueron ultimados durante el pasado año

2016 registró la cifra más elevada de funcionarios de seguridad asesinados en el país, respecto a los 5 años anteriores. De enero a diciembre mataron a 414 personas, entre policías y militares, lo que contrasta con la cantidad de 344 habidas en 2015.

En 2014 el número de funcionarios asesinados se ubicó en 338 personas. 2013 reportó la cifra más baja al contabilizar 295 agentes muertos y durante 2012 hubo 350 homicidios. 70% de los móviles de estos crímenes correspondió a robos de armas de reglamento y de motocicletas.

Mientras que 30% restante murió en enfrentamientos contra organizaciones delictivas, venganza, motivos pasionales y sicariato. 95% de los asesinatos queda impune porque no se hace una investigación. A diario matan a un agente y no se toman la molestia de averiguar para dar con el paradero de los delincuentes. Hasta hace 10 años, cuando mataban a un policía, el Cicpc no descansaba hasta dar con los homicidas.

Estos datos se desprenden de un informe estadístico elaborado por la Fundación para el Debido Proceso, basado en un arqueo hemerográfico y en entrevistas a fuentes policiales, según reseñó El Nacional.

Al manto de impunidad que ha cubierto a los homicidios de los representantes de cuerpos de seguridad, y por ello la cifra va en ascenso, se le suma la falta de autoridad hacia los agentes, según el análisis de Sandoval. Algunos han perdido el respeto porque han incurrido en vicios y otros porque no han demostrado las destrezas suficientes para hacerle frente al hampa. “Anteriormente la figura del policía era respetada dentro de una comunidad. Ahora los delincuentes los obligan a marcharse de los barrios porque son un estorbo para sus actividades hamponiles”. Ese es el caso de las zonas de paz como la Cota 905, El Cementerio y más de 50 sectores de Caracas, donde los policías, bajo amenazas de muerte, han tenido que mudarse con sus familiares a otras regiones.

La mayoría de las víctimas forman parte de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana. “Ellos son los que están en la calle en labores de patrullaje, expuestos al ataque de los delincuentes. En el caso de la PNB, los funcionarios no tienen capacidad de respuesta por su bajo nivel de formación”, advirtió la experta.

De los 414 homicidios, 115 policías y militares fueron asesinados en funciones, mientras que 299 estaban francos de servicio. De allí que en noviembre de 2016, Néstor Reverol, ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, acordó la prohibición de portes de armas para los agentes que no estén cumpliendo custodia. Por ejemplo, en el Cicpc los detectives, con menos de 5 años de servicio, están en la obligación de dejar sus armas en el despacho una vez que terminen la jornada. Sin embargo, no todos cumplen esa normativa. En otros los cuerpos de seguridad, como en el caso de Polisucre, los directores han establecido otras medidas para reducir el número de crímenes, entre ellas: la necesidad de que el personal salga en pareja o en grupos, en especial, en las zonas de mayor criminalidad, así como evitar el uso del celular y de otros instrumentos que distraigan al policía o al militar que esté en funciones.

Miranda es la entidad que reporta el mayor número de caídos, seguido por Distrito Capital y Aragua. En el estado Miranda los homicidios se concentraron hacia el este del área metropolitana y la región de los Valles del Tuy./no